La Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe de la Ley de «Solidaridad Nacional» que será tratado en segundo debate este sábado, 7 de junio.
De acuerdo con la presidenta de la Comisión, Valentina Centeno (ADN), hay varios cambios fundamentales respecto al informe de primer debate, que contemplan medidas de protección para personas en situación de vulnerabilidad por zonas afectadas por el crimen, con proyectos enfocados en el arte y la cultura.
Además, incluye que las donaciones para las fuerzas del orden ahora la podrán hacer empresas extranjeras.
Entre los principales cambios se encuentran:
- Un capítulo en torno a las medidas de protección y reparación integral para las personas en situación de vulnerabilidad en zonas afectadas por el crimen. Los ministerios del gabinete social deberán desarrollar programas preferenciales para las personas en esta situación.
- Sanciones más rígidas para delitos relacionados con el tráfico de combustibles y todo tipo de hidrocarburos.
- Se propone un indulto diferido; es decir, que el presidente pueda anunciar el indulto a policías y militares por sus acciones dentro del conflicto interno, pero se siga todo el proceso y se haga efectivo cuando haya una sentencia.
- Se plantean medidas para la depuración de la fuerza pública (Policía Nacional y Fuerzas Armadas) con evaluaciones disciplinarias y patrimoniales periódicas, cada seis meses.
Una vez que el informe fue aprobado, será remitido al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, para que distribuya el documento al resto de legisladores.
La propuesta del Ejecutivo busca la implementación de regímenes especiales en el ámbito tributario y penal, como respuesta al conflicto armado interno que atraviesa el país.
Su objetivo principal es desarticular las estructuras económicas del crimen organizado y fortalecer a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, en el marco del respeto a las garantías constitucionales, preservar la seguridad ciudadana, garantizar la estabilidad del sistema económico-financiero y promover la reactivación económica de las zonas más afectadas por la violencia.
Durante el primer debate, el pasado 30 de mayo, los 18 legisladores que intervinieron expresaron, en su mayoría, su respaldo a este proyecto de ley destacando que está alineado con medidas adoptadas por otros países en contextos similares, promoviendo una alianza efectiva entre lo público y lo privado, cimentada en la solidaridad y respaldada por incentivos tributarios claros para fortalecer a las fuerzas del orden.
La propuesta incluye incentivos económicos para que el sector privado contribuya al sector público mediante donaciones destinadas a combatir la delincuencia organizada, a cambio de beneficios como la reducción del Impuesto a la Renta.
En el ámbito penal, establece quiénes son considerados miembros de un grupo armado interno y define el concepto de economías criminales.
Asimismo, la Comisión ha destacado que, para desarticular la economía criminal, es indispensable identificar los bienes en poder del crimen organizado, priorizar su incautación y debilitar su capacidad operativa. La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) tendrá un rol fundamental en este proceso.
Corte Nacional y Judicatura proponen ajustes
La Comisión de Desarrollo Económico recibió este lunes, 2 de junio, los aportes de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y del Consejo de la Judicatura (CJ) en torno al proyecto económico urgente de Solidaridad Nacional, como parte del análisis de esta normativa para la elaboración del informe para segundo debate.
El delegado de la Corte Nacional de Justicia, José Gabriel Terán, formuló varias observaciones para posibilitar que la empresa privada realice donacionesa las entidades de seguridad para combatir a los grupos de delincuencia organizada. En este sentido, subrayó la necesidad de especificar qué tipo de bienes son susceptibles de donación.
Asimismo, destacó la importancia de incluir el término “motivado” respecto a la facultad otorgada al Ejecutivo para emitir un decreto que permita iniciar acciones contra el crimen organizado, ya que la motivación es esencial para que se cumplan los fines de esta ley.
Por su parte, Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, explicó cómo funciona la estructura judicial del país y los catálogos de delitos que manejan los jueces especializados en delitos anticorrupción.
Recomendó ampliar el ámbito de gestión de estas judicaturas para que también conozcan causas relacionadas con corrupción y crimen organizado. En este contexto, indicó que el CJ está en capacidad de establecer el catálogo de delitos atribuibles a estos juzgados, para lo cual se requiere un plazo de 90 días.
El proyecto consta de 14 artículos, tres disposiciones generales, cinco disposiciones reformatorias a la Ley de Régimen Tributario Interno, al Código Orgánico Integral Penal (COIP), a la Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas, a la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate al Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos, y al Código Orgánico de la Función Judicial, además de dos disposiciones transitorias.
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