La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) advierte sobre casos de corrupción, especialmente en el otorgamiento de concesiones mineras. Citando a la Organización de Estados Americanos (OEA), el informe denuncia que investigaciones han revelado una corrupción sistémica en la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) y en el Ministerio de Energía y Minas.
Según la OEA, funcionarios públicos habrían recibido sobornos a cambio de facilitar permisos ilegales y hacer la vista gorda ante explotaciones sin regulación.
Fenómeno transnacional lucrativo
Otro de los puntos clave que destaca la Unodc es que el auge de la demanda global de minerales, impulsada por la transición energética, ha generado condiciones ideales para que el crimen organizado se involucre en la extracción ilegal de oro. En su informe “Delitos relacionados con los minerales: Minería ilegal de oro”, publicado en mayo, se destaca que Sudamérica es uno de los focos más críticos del fenómeno, con organizaciones criminales transnacionales que utilizan empresas ficticias para lavar dinero y consolidar redes regionales.
Ecuador, en particular, aparece reiteradamente citado en el documento, tanto por la violencia asociada como por la corrupción institucional que ha permitido la expansión de estas mafias.
Impacto regional y poblaciones vulnerables
El fenómeno no es exclusivo de Ecuador. La minería ilegal ha crecido exponencialmente en toda la región amazónica. Según el estudio citado, la actividad minera ilegal en territorios indígenas aumentó un 625% en la última década en países como Brasil, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador. Esta expansión ha traído consigo violencia, desplazamientos y destrucción ambiental, además del debilitamiento de instituciones públicas clave.
Una amenaza declarada para la seguridad nacional
Ante este panorama, el Gobierno ecuatoriano ha calificado la minería ilegal como una amenaza directa a la seguridad nacional, en un país que en 2024 alcanzó la tasa más alta de homicidios en América Latina: más de 40 asesinatos por cada 100.000 habitantes.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas enfrentan un desafío sin precedentes, no solo por el poder de fuego de los GDO, sino también por la falta de respaldo institucional en una lucha que requiere más que fuerza: necesita transparencia, voluntad política y cooperación internacional efectiva.
La lucha contra la minería ilegal en Ecuador no solo enfrenta a grupos armados fuertemente equipados, sino también a un problema estructural de corrupción que ha facilitado la expansión de estas actividades ilícitas en territorios estratégicos, especialmente en la Amazonía.
Las provincias de Sucumbíos y Orellana son epicentro de una creciente violencia. El 5 de junio, una patrulla militar fue obligada a replegarse tras encontrarse en el sector de La Barquilla con un grupo de al menos 200 hombres armados con fusiles, lanzagranadas y ametralladoras.
Un mes antes, 11 militares fueron asesinados en una emboscada en Alto Punino, Orellana, atribuida a integrantes de la guerrilla Comandos de la Frontera (CDF).
Estos ataques ocurrieron durante operativos destinados a frenar la expansión de la minería ilegal, controlada por grupos delictivos organizados (GDO) vinculados al narcotráfico y al contrabando de armas.
El informe completo
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