Por unanimidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó al juez B.F.R.C., quien desempeñaba funciones en la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca. La sanción, según explicó el organismo, se dio por una falta disciplinaria gravísima: incurrir en error inexcusable al otorgar beneficios penitenciarios sin sustento legal.

Según el informe oficial, el magistrado concedió medidas como la prelibertad y el régimen semiabierto a 28 personas privadas de libertad, a pesar de que estas no cumplían con los requisitos técnicos ni jurídicos establecidos por la normativa vigente. Entre los beneficiarios constaban sentenciados por delitos graves, como violación, homicidio, asesinato, robo y tráfico de drogas.

La denuncia que dio origen al proceso disciplinario fue presentada en diciembre de 2024 por los asambleístas por Azuay Sofía Sánchez, Adrián Castro, Leonardo Berrezueta y Diego Matovelle. Posteriormente, la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay emitió una declaración jurisdiccional, el 29 de enero pasado, que abrió la puerta a la investigación.

Durante el proceso, el organismo concluyó que el juez actuó con arbitrariedad, apelando a criterios subjetivos y dejando de lado principios jurídicos esenciales como el debido proceso, la seguridad jurídica y el principio de legalidad. El CJ advirtió que estas decisiones no solo comprometieron la legitimidad de los procesos judiciales, sino que además pusieron en riesgo la lucha contra la impunidad y minaron la confianza ciudadana en el sistema de justicia.