Una red dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual fue desarticulada este viernes, 27 de junio, en Guayaquil. La Policía Nacional y la Fiscalía ejecutaron tres allanamientos que permitieron liberar a 10 mujeres venezolanas, entre ellas una menor de 15 años.
Hay tres presuntos responsables detenidos. Las investigaciones comenzaron hace cinco meses. Uno de los inmuebles intervenidos funcionaba como centro clandestino de tolerancia en la ciudadela Ietel, al norte de la ciudad.
Según Edwin Íñiguez, jefe de la Unidad Nacional de Trata de Personas, las víctimas vivían bajo encierro, amenazas y maltrato físico.
Las mujeres eran obligadas a pagar alojamiento y comida con tarifas impuestas por los tratantes. Esos cobros generaban deudas imposibles de saldar. Todas fueron trasladadas a una casa de acogida para recibir protección.
La menor no estaba reportada como desaparecida. Se presume que viajó por decisión propia desde Venezuela. Las autoridades verifican si tiene familiares en Ecuador y ya se han comunicado con entes oficiales de ese país.
Víctimas traídas con engaños y promocionadas por internet
De acuerdo con Íñiguez, algunas de las víctimas ya residían en Ecuador. Otras fueron reclutadas directamente en Venezuela. Sus captores pagaron su traslado hasta Guayaquil y las ubicaron en sectores como Urdesa e Ietel.
En la vivienda donde operaban los líderes de la red, la Policía encontró un arma de fuego, ropa interior, condones y otros indicios de la explotación a la que eran sometidas. Además, las mujeres eran anunciadas en páginas web como si fueran mercancía.
“Varias sabían que harían trabajo sexual, pero no conocían las condiciones de explotación ni el encierro al que serían sometidas”, explicó Íñiguez. Añadió que las víctimas no podían salir libremente y estaban bajo constante control.
Los ingresos por sus servicios eran descontados por supuestos gastos. Así se generaba una deuda permanente que las mantenía atadas a sus captores.
En febrero, como parte de la misma investigación, la Policía allanó otro inmueble usado como lugar de citas. En esa operación detuvo a dos personas y rescató a tres menores.
Los detenidos serán procesados por el delito de trata de personas. La pena máxima en Ecuador para este tipo de crímenes es de hasta 26 años de prisión. Fiscales y jueces deberán definir su situación jurídica en la audiencia de formulación de cargos.
La Policía no descarta que esta organización tenga nexos en otras provincias. Cuatro días antes de este operativo, otro grupo de venezolanas regresó a su país luego de ser liberadas de una red similar en Rumiñahui.
Las investigaciones continúan y las autoridades insisten en que seguirán ejecutando acciones para desarticular estas estructuras delictivas que operan en distintos puntos del país.
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