El movimiento político Unidad Popular (UP) presentó este 3 de julio una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional en contra de varios artículos y disposiciones transitorias de la Ley de Integridad Pública, aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 24 de junio.

Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular, lideró la acción legal, acompañado de militantes de su organización.

Atarihuana explicó que la demanda impugna reformas incluidas en la nueva ley que afectan a la Ley Orgánica de Servicio Público, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Función Judicial, la Ley de Movilidad Humana, entre otros cuerpos legales.

Según el dirigente, las modificaciones vulneran la estabilidad laboral de los servidores públicos, deterioran el sistema de jubilación, afectan derechos de niños y adolescentes, y abren la puerta a la manipulación judicial.

Además, UP solicitó medidas cautelares para suspender provisionalmente la aplicación de las reformas, mientras la Corte evalúa la constitucionalidad de la norma.

Cuarta demanda contra la Ley de Integridad

Se trata de la cuarta demanda presentada contra la Ley de Integridad Pública, que entró en vigencia el 26 de junio.

Desde el 30 de junio, la Unión Nacional de Educadores (UNE), gremios de abogados y la Federación Ecuatoriana de Enfermeras y Enfermeros también han acudido a la Corte para exigir que se declare su inconstitucionalidad.

Unidad Popular adelantó que se sumará a las movilizaciones convocadas por el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la UNE, la Federación Médica Ecuatoriana y otros sectores sociales.

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