Un grupo de comunidades de Napo, que apoyan la minería metálica, realizó un plantón a las afueras del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) en Quito. La protesta busca presionar a las autoridades a cumplir los acuerdos adquiridos tras la suspensión del Proyecto Minero Tena, de Terraearth Resources.
La suspensión de las actividades del proyecto afecta directamente a varias comunidades. Estas comunidades mantienen convenios vigentes con la empresa Terraearth. También afecta a las familias vinculadas laboralmente a la minería. Además, cientos de bateadores comunitarios, que usan palas y bateas para aprovechar remanentes de gravas auríferas, se ven perjudicados por las restricciones. La empresa les facilita el acceso a estos recursos, y ahora enfrentan dificultades.
Las comunidades delegaron a sus líderes para que realicen plantones en el MAATE los días 4 y 19 de junio. En esas ocasiones, las autoridades firmaron compromisos con las comunidades. Sin embargo, hasta hoy, esas promesas no se cumplen. Por ello, los líderes vuelven a exigir respuestas claras y atención rápida para levantar la suspensión del Proyecto Tena. La situación sigue sin resolverse a pesar de los compromisos adquiridos.
Antecedentes
El 28 de abril de 2025, la Dirección de Control Ambiental notificó a Terraearth Resources S. A. la suspensión de las actividades del Proyecto Minero Tena. La decisión se basó en observaciones detectadas en una inspección realizada el 13 de marzo en la concesión minera El Icho. La concesión incluye las áreas Talag, Anzu Norte, Confluencia y El Icho.
Terraearth aceptó la medida y presentó un Plan de Acción el 1 de mayo de 2025. La empresa también envió un informe de avance del cumplimiento del plan en un comunicado del 6 de mayo. Sin embargo, el 5 de junio, la Dirección de Control Ambiental solicitó al titular minero presentar información aclaratoria.
El 6 de junio, Terraearth entregó el plan con la información adicional requerida. Este documento fue registrado en el sistema con diferentes trámites, y aún está pendiente de firma y envío por parte de la Subsecretaría para continuar con la verificación de las medidas correctivas. Solo entonces se podrá levantar la suspensión y reactivar el proyecto. Hasta ahora, las autoridades no han cumplido con los compromisos adquiridos, y las comunidades siguen exigiendo respuestas inmediatas.
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