Una denuncia de presunto acoso sexual contra el juez de la Corte Nacional de Justicia, David Jacho Chicaiza, pone en el centro del debate la integridad del sistema judicial en Ecuador. La víctima, una asistente de despacho, decidió renunciar a su cargo el pasado 2 de julio de 2025, alegando que las conductas del magistrado afectaron su bienestar emocional, su dignidad y sus derechos fundamentales.
La asistente administrativa explicó que fue sometida a conductas inapropiadas y que estas acciones impactaron gravemente su integridad física y emocional. En su denuncia, solicita que las instituciones correspondientes adopten las medidas necesarias conforme a la normativa institucional vigente. El nombre de la víctima se mantiene en reserva para evitar la revictimización.
Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura, órgano responsable de la supervisión y disciplina en la función judicial, no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el caso. Sin embargo, la denuncia ya está en manos de la Fiscalía General del Estado, que activó una investigación previa por presunto acoso sexual. La Unidad de Fuero de Corte ha tomado medidas cautelares contra Jacho Chicaiza, incluyendo la prohibición de mantener contacto con la víctima. La Sala Penal de la CNJ en cambio aceptó el pedido para que el juez tenga restricción de salir del país.
El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Suing, abordó el tema en una entrevista con el programa de Carlos Vera. Aunque no confirmó detalles específicos, Suing calificó lo ocurrido como “un mal entendido” con una ex colaboradora, generando opiniones divididas en la opinión pública y en sectores judiciales.
Sin embargo, en horas de la tardes, José Suing, se pronunció en un comunicado sobre esta denuncia.
Suing informó que el caso se encuentra en investigación, a fin de “determinar los hechos con objetividad, garantizando el respeto al debido proceso y a los derechos de las partes involucradas”.
Respecto de la situación jurídica del juez denunciado, Suing precisó: “serán las las autoridades competentes quienes tomen las decisiones que correspondan, en el ámbito de sus competencias”.
Este caso se suma a una serie de denuncias recientes en Ecuador que involucran a figuras del ámbito político y público, incluyendo acusaciones de violencia y violación contra un asambleísta y un concejal de Santa Elena.
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