El presidente Daniel Noboa remitió este martes a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales. Esta es la cuarta propuesta del mandatario, calificada como urgente en materia económica.
La nueva propuesta del Ejecutivo busca establecer un marco jurídico para la prevención, detección y control de flujos irregulares de capitales, mediante la promoción de la integridad, la transparencia financiera, la rendición de cuentas y el cumplimiento tributario por parte de personas naturales y jurídicas, con especial atención a las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias y demás entidades sin fines de lucro, nacionales o extranjeras, que operen en el territorio nacional.
Además, surge ante la creciente preocupación por la utilización de estructuras legales, como fundaciones, corporaciones, ONGs y organizaciones comunitarias, para canalizar recursos que podrían estar vinculados a actividades ilícitas como el lavado de activos o la evasión fiscal.
En una entrevista con Radio Sucre, el lunes 28 de julio, Noboa anunció que este proyecto se plantea porque en Ecuador “se usan fundaciones u organizaciones sin fines de lucro, ONGs internacionales, para ingresar dinero y desestabilizar el país, sin ningún tipo de control”.
El mandatario agregó que esto se ha convertido en un mecanismo “que impulsa la criminalidad, que impulsa la minería ilegal”.
Control y transparencia obligatorios
La propuesta normativa establece que todas las organizaciones sociales que operen en el país sean nacionales o extranjeras, deberán registrarse obligatoriamente en el Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (SUIOS), como condición previa para desarrollar actividades legales en Ecuador.
Asimismo, impone medidas como:
- Transparencia financiera obligatoria, con publicación de estados financieros auditados, fuentes de financiamiento, identidad de directivos y políticas de integridad.
- Sistemas de integridad institucional adaptados al nivel de riesgo, incluyendo códigos de ética, canales de denuncias, responsables de cumplimiento y protocolos de debida diligencia para donantes y beneficiarios.
- Rendición de cuentas anual, con informes públicos que detallen ingresos, proyectos ejecutados, evaluación de impactos y uso de recursos.
Ente de control y sanciones
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria será la entidad encargada de supervisar y auditar a las organizaciones. Entre las infracciones sancionables constan el uso indebido de fondos, incumplimientos contables y la obstrucción al control institucional.
Además, el proyecto incluye medidas excepcionales para la inmovilización de fondos sospechosos por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), así como reformas legales para permitir la transferencia temporal de estos recursos a cuentas administradas por el Estado.
Reforma tributaria y responsabilidad corporativa
En el ámbito fiscal, la ley reforma el tratamiento de los dividendos empresariales, estableciendo que el impuesto sobre utilidades se aplicará en el ejercicio fiscal en que se decida la distribución, no cuando se ejecute el pago, con el fin de garantizar la recaudación oportuna y evitar maniobras evasivas.
Plazos e implementación
- Las organizaciones activas deberán registrarse en el SUIOS en un plazo máximo de 90 días.
- Se les otorgan hasta 6 meses para implementar sus respectivos sistemas de integridad.
- El Ejecutivo deberá emitir el reglamento correspondiente en un máximo de 60 días.
Distribución de Dividendos y Utilidades
El documento enfatiza en la importancia de regular la distribución de dividendos y utilidades en las empresas residentes en Ecuador, con el fin de mejorar la planificación fiscal, la transparencia y la estabilidad económica.
La regulación busca asegurar que la distribución se realice en momentos adecuados para que el Estado recaude los ingresos de manera oportuna y eficiente.
Enfoque alineado al Plan Nacional de Desarrollo
El proyecto se articula con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2024-2025, en especial con los ejes de seguridad económica, lucha contra economías criminales y fortalecimiento institucional.
Con esta ley, el Ejecutivo busca no solo desincentivar el uso de estructuras legales para propósitos delictivos, sino también fortalecer la institucionalidad y la confianza ciudadana en el sistema financiero y organizacional del país. La Asamblea tiene ahora 30 días para tramitar esta propuesta bajo el carácter de urgencia económica.
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