Este miércoles, 30 de julio, 42 mujeres privadas de la libertad, de nacionalidad colombiana, fueron trasladadas desde el Centro de Rehabilitación Social de Tungurahua hasta el Puente Internacional de Rumichaca, en la frontera norte del país, donde fueron entregadas a las autoridades migratorias de Colombia.
La operación fue ejecutada por el Bloque de Seguridad, conformado por Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otras entidades del sistema penitenciario, como parte del plan de deportación masiva de personas privadas de libertad extranjeras que impulsa el Gobierno de Ecuador.
La víspera, otro grupo de 100 personas fueron deportadas por el punto fronterizo habilitado. Según la información entregada por las autoridades migratorias colombianas, durante la noche continuó el arribo de autobuses, con el objetivo de completar el retorno de aproximadamente 400 connacionales durante la madrugada y la mañana de este miércoles.
Revisión y protocolo de seguridad
Previo al traslado, las internas fueron sometidas a controles de seguridad, incluyendo registros corporales y verificación de ausencia de armas, municiones y explosivos, de acuerdo con los protocolos establecidos. En las imágenes difundidas por el Ejército ecuatoriano, se observa a las mujeres uniformadas con trajes de color naranja durante el procedimiento.
Casi 800 deportados hasta la fecha
Este grupo se suma a los 190 hombres colombianos que fueron deportados el 29 de julio desde diferentes cárceles del país, incluidos centros penitenciarios en Pichincha. Con esta nueva acción, la cifra total de ciudadanos colombianos deportados desde Ecuador asciende ya a cerca de 800, de un total estimado de 1.000 reclusos que el Ejecutivo ecuatoriano planea repatriar.
Condiciones de entrega y restricciones
En la frontera, se realizaron los controles migratorios correspondientes por parte de ambas naciones. En los casos donde las personas deportadas no enfrentaban procesos judiciales pendientes en Colombia, fueron puestas en libertad inmediata.
Sin embargo, el Gobierno ecuatoriano ha impuesto una prohibición de ingreso al país por 40 años a quienes hayan sido repatriados. En caso de reincidencia, la pena será de tres años de prisión.
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