Un juez ordenó este 6 de agosto la prisión preventiva para cuatro personas más, vinculadas a una presunta red criminal que operaba desde un call center en Quito y que, según la Fiscalía General del Estado, extorsionaba a ciudadanos en Ecuador y México.

La medida se enmarca dentro del proceso judicial que se abrió a finales de junio, tras un operativo de la Policía Nacional en el centro de llamadas LKL CALL S.A.S, ubicado en el centro financiero de la capital. Durante el allanamiento, los agentes detuvieron a 40 personas, 39 de ellas ya enfrentan prisión preventiva, y confiscaron 55 computadores y 142 teléfonos móviles.

La investigación comenzó en 2024, luego de que la Fiscalía recibiera 256 denuncias por extorsiones virtuales. Los procesados, incluida la empresa como persona jurídica, enfrentan cargos por delincuencia organizada.

Además de la prisión preventiva, el juez ordenó la clausura provisional y suspensión temporal del lugar, instruyendo a la Superintendencia de Compañías que ejecute las medidas. También dispuso el congelamiento de cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes para todos los vinculados.

Los nuevos procesados son Emily Daniela J. T., gerente de la empresa, actualmente prófuga tras ser notificada por el Ministerio Público; Margarita Fernanda J. A., gerente general y única accionista de la compañía; Edwin Rodrigo M. T., contador de la firma, quien admitió que la empresa facturaba entre $5.000 y $67.000 mensuales desde cuentas en Ecuador y México; y Michael Edward M. Q., técnico de sistemas.

La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer el alcance total de la red y el destino de los fondos ilícitos.