Con siete votos a favor, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó este sábado el informe para el segundo debate del proyecto de Ley Orgánica de Transparencia Social, también conocida como Ley de Fundaciones.
La propuesta fue remitida con carácter urgente en materia económica por el presidente Daniel Noboa y busca prevenir, detectar y controlar flujos irregulares de capital, con especial atención a organizaciones sin fines de lucro.
Durante la sesión, la presidenta de la mesa legislativa, Valentina Centeno, resaltó los aportes recibidos en el debate inicial. “Esta será una norma que permita detectar y desarticular las economías criminales que mueven cientos de miles de dólares en el país y que han permeado a las organizaciones sociales”, señaló.
Centeno subrayó que la propuesta se apoya en investigaciones de la Fiscalía y de la Unidad de Análisis Financiero y Económico. “El deber de la Asamblea Nacional es elevar la política pública de transparencia a estándares internacionales”, indicó.
El proyecto, en su artículo 7, fija parámetros de clasificación para que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria supervise a las entidades de acuerdo con su nivel de riesgo.
Entre los criterios constan volumen de recursos, origen de fondos, ámbito territorial y resultados de evaluaciones de riesgo.
Garantías y disposiciones
El informe incluye una disposición que impide la persecución política contra fundaciones u ONG. “Ese no es el objetivo, ni el propósito, ni el espíritu de la ley, lo es la transparencia y el control de flujos irregulares de recursos”, puntualizó Centeno.
El documento aclara que ninguna medida de supervisión podrá usarse para restringir la libertad de asociación ni para interferir en actividades legales.
Concluida la sesión, Centeno remitió el informe al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, para que sea socializado con los 151 legisladores antes de su discusión en el Pleno.
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