El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este miércoles, 27 de agosto, la terminación de la vigencia del Estatuto Migratorio entre Ecuador y Venezuela, con base en el análisis e informe realizado por la Comisión de Relaciones Internacionales y Movilidad Humana.
Con 86 votos, las bancadas de Acción Democrática Nacional (ADN), el Partido Social Cristiano (PSC) y parte de Pachakutik respaldaron la medida, mientras que Revolución Ciudadana (RC) se abstuvo.
El presidente Daniel Noboa había solicitado el trámite mediante decreto del 1 de agosto. La Comisión de Relaciones Internacionales, presidida por Lucía Jaramillo, avaló el informe que recomendaba su aprobación.
“Ecuador cumplió, hizo su parte, porque en uno de los momentos más difíciles que enfrentaron los venezolanos se les abrió las puertas”, señaló la legisladora. Añadió que los tratados deben responder a los intereses nacionales y, cuando dejan de hacerlo, deben denunciarse.
Jaramillo aseguró que los derechos de los venezolanos residentes en Ecuador se mantienen. Seguirán accediendo a salud y educación, aunque ya no habrá procesos especiales de regularización. “Los venezolanos, igual que cualquier extranjero, deberán cumplir los requisitos que Ecuador requiera”, puntualizó.
La votación permitió al Ejecutivo concretar la salida del acuerdo, en un contexto marcado por la reducción de fondos internacionales destinados a la acogida y regularización de migrantes.
Derechos garantizados y debate legislativo
La Corte Constitucional determinó en julio de 2025 que la denuncia del acuerdo no afecta la movilidad humana, ya que este derecho está protegido por la Constitución.
El Estatuto regulaba un procedimiento simplificado de visas y residencias. El Parlamento detalló en un comunicado que su eliminación “no impide el derecho a migrar ni implica regresión de derechos, ya que la normativa interna ecuatoriana continúa garantizando los mismos principios”.
En el debate, varios legisladores defendieron la decisión como un paso para fortalecer la soberanía frente a la migración irregular. Recalcaron que la medida no implica xenofobia ni segregación. Además, recordaron que el instrumento ya no contaba con financiamiento internacional suficiente para sostener su aplicación.
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