El prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, se pronunció este viernes tras las declaraciones del presidente Daniel Noboa, quien pidió al Municipio de Cuenca y a la Prefectura emitir informes técnicos y jurídicos sobre el proyecto minero Loma Larga (Quimsacocha) y asumir las consecuencias en caso de una eventual suspensión.
A través de un video difundido en su red social X, Lloret recordó que, según la Constitución y la normativa ambiental, es competencia del Gobierno Central tomar decisiones respecto a actos administrativos como la licencia ambiental. Citó los artículos 313 y 226 de la Constitución, así como el artículo 166 del Código Orgánico del Ambiente, para sustentar su postura.
Sin embargo, aclaró que la Prefectura no eludirá su responsabilidad en la defensa del agua y los páramos, e informó que ya se remitió un informe técnico sobre los riesgos ambientales del proyecto, incluso antes de que el Ejecutivo lo solicitara.
Irregularidades en la licencia ambiental
El Prefecto señaló que existen elementos técnicos y legales suficientes para solicitar la revocatoria de la licencia ambiental, pues —según indicó— se habría emitido con irregularidades e incumplimientos legales y judiciales.
Apoyado en los artículos 104 y 106 del Código Orgánico Administrativo, Lloret afirmó que hay base normativa para retirar el permiso ambiental y denunció la existencia de funcionarios en el Ministerio del Ambiente con intereses particulares que favorecerían a la empresa minera.
Defensa del agua y voluntad popular
El Prefecto insistió en que la posición de la provincia es clara: Cuenca y el Azuay ya se pronunciaron contra la minería en consultas populares. “Esta Prefectura no sacará el cuerpo cuando de la defensa del agua se trate”, recalcó, al tiempo que aseguró estar dispuesto a fortalecer los informes técnicos presentados.
Finalmente, Lloret ratificó que su administración actuará con firmeza en defensa del agua, de la vida y de los páramos, en consonancia con la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.




