La Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) pidió al Gobierno Nacional un cronograma “oportuno” de asignaciones y la creación de un mecanismo permanente de compensación que garantice la sostenibilidad de los servicios municipales tras la eliminación del subsidio al diésel.
AME también demandó la instalación “urgente” de una mesa técnica tripartita entre AME, el Ministerio de Transporte y los gremios de transportistas, para definir parámetros reales de costos, tarifas y medidas de protección social permanentes para la ciudadanía.
A través de un comunicado, la AME rechazó este martes las declaraciones del ministro de Transporte, Roberto Luque, sobre la eliminación del subsidio al diésel. El funcionario sostuvo que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deberán decidir entre aumentar las tarifas de transporte o asumir los sobrecostos.
La AME recordó que, según el Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), los municipios tienen la facultad de planificar y regular el transporte intracantonal, así como aprobar las tarifas, pero “en ningún caso están obligados a financiar déficits ocasionados por decisiones del Gobierno Nacional”.
El subsidio al diésel, que representaba cerca de USD 1.100 millones al año, fue eliminado mediante los decretos 125 y 126. Con ello, el precio del galón pasó a USD 2,80, lo que implica un incremento del 35,8 %.
Aunque los decretos establecen compensaciones temporales —12 meses para el transporte público urbano y tres meses para el transporte comercial—, la AME advirtió que una vez finalizadas estas medidas los sobrecostos se trasladarán directamente a la ciudadanía. Según cálculos del gremio, un bus urbano que recorre 150 km diarios y consume unos 19 galones al día enfrenta hoy un sobrecosto mensual de USD 570 por unidad.
Ese escenario, añadió la asociación, derivará en un aumento de entre USD 0,05 y 0,10 en el valor del pasaje.
Municipios también afectados
La AME también cuestionó que los GAD no fueron incluidos en las compensaciones pese a que dependen del diésel para maquinaria caminera, sistemas de agua potable, recolección de residuos y otros servicios sociales.
“En ejercicio responsable, los municipios no trasladaremos este costo a la gente, pero ello implica menos inversión y menos obras”, señaló el gremio en su comunicado.
El pronunciamiento de la AME se dio en el marco del segundo día de protestas por la eliminación del subsidio al diésel, que han incluido cierres de vías en varias provincias y se desarrollan en medio del estado de excepción decretado por el Ejecutivo.
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