La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, advirtió este jueves que los bloqueos de vías y la paralización de servicios son delitos sancionados con penas de 1 a 3 años de prisión. En una entrevista para Radio Novedades de Latacunga, la funcionaria aseguró que el Gobierno ha identificado a los cabecillas de las protestas y ya presentó denuncias para que sean sancionados.
“No permitiremos que nadie vulnere el derecho de los ciudadanos a movilizarse y vivir en paz”, señaló, al enfatizar que la protesta pacífica es legítima, pero que se actuará con firmeza frente a quienes inciten a la violencia o busquen desestabilizar al país.
Rovira informó que el Ejecutivo mantiene un sistema de vigilancia 24/7 para garantizar que trabajadores, estudiantes y usuarios de salud ejerzan sus derechos sin obstáculos. “Quien atente contra la tranquilidad y libre circulación de los ecuatorianos responderá ante la Ley”, recalcó.
La ministra también acusó a integrantes de la Revolución Ciudadana de intentar aprovechar las movilizaciones en contra de la eliminación del subsidio al diésel para generar inestabilidad. “Estamos aquí para hacer respetar los derechos de quienes trabajan y viven en paz”, agregó.
Subsidio al diésel y redirección de recursos
En la misma entrevista, Rovira defendió la decisión del Gobierno de eliminar el subsidio al diésel, que durante más de cinco décadas, dijo, benefició principalmente al contrabando, la minería ilegal y grandes grupos de transporte, sin favorecer a la mayoría de ciudadanos.
“Era momento de cerrar ese ciclo y destinar esos recursos a quienes de verdad los necesitan”, manifestó, al explicar que el objetivo es fortalecer el tejido social y apoyar a transportistas, agricultores, pescadores y a la economía popular.
“La decisión del presidente Daniel Noboa es técnica y valiente: esos recursos, antes absorbidos por mafias y contrabandistas, ahora impulsan el desarrollo social y productivo del país”, remarcó.
Control de precios y lucha contra la especulación
Rovira destacó que, desde la eliminación del subsidio, el Gobierno ha ejecutado 4.768 operativos y visitado más de 10.000 locales comerciales para frenar la especulación. En estos controles participan 1.805 funcionarios entre gobernadores, intendentes y comisarios.
“Quien intente abusar del bolsillo ciudadano encontrará sanción”, advirtió, y aclaró que el trabajo de control continuará incluso después de que termine el estado de excepción.
Finalmente, Rovira resaltó que el presidente Daniel Noboa y su gabinete recorren el país en contacto directo con agricultores, pescadores, amas de casa y emprendedores, con el fin de “construir políticas públicas que reduzcan brechas y mejoren la vida de los ecuatorianos”, reiteró.
Post relacionados
