La Misión Internacional de Observación sobre la elección de Altas Autoridades del Sistema de Justicia en Ecuador (MIO-Ecuador), presentó un informe parcial sobre el proceso de elección de la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado, en el que formula advertencias y recomendaciones destinadas a garantizar independencia, transparencia y legitimidad en un momento político y social marcado por la polarización y la crisis de seguridad.
Contexto: un proceso clave en medio de tensiones
El cargo de Fiscal General quedó vacante tras la salida de Diana Salazar, cuyo periodo terminó en abril de 2025. La responsabilidad de llevar adelante el concurso recae en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que, según la Misión, incurrió en retrasos significativos al no iniciar el procedimiento en 2024, lo que generó un vacío institucional sensible para el sistema de justicia.
El informe recuerda que la figura del Fiscal General es estratégica en el combate al crimen organizado, la corrupción y las violaciones de derechos humanos, y que su elección debe blindarse contra presiones políticas, económicas y de estructuras criminales
Preocupación por la independencia judicial
La MIO advierte que, en el actual escenario, la independencia de jueces y fiscales enfrenta amenazas por parte de poderes políticos que buscan incidir en decisiones judiciales. El documento cuestiona, por ejemplo, la reciente marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional, en la que se exhibieron gigantografías de jueces como si fueran responsables de delitos. Para los observadores, este tipo de actos erosiona la credibilidad de las instituciones y genera un clima de presión indebida
Observaciones al proceso en curso
Durante su primera visita a Quito, la Misión sostuvo reuniones con representantes de la sociedad civil, gremios jurídicos y organismos internacionales, aunque no logró reunirse con el CPCCS ni con el Consejo de la Judicatura. Entre sus hallazgos destacan:
- Débil difusión y escasa participación ciudadana en la conformación de la Comisión de Selección Ciudadana (CSC).
- Renuncias de postulantes a la CSC por desconfianza en el proceso.
- Riesgo de que la Veeduría Ciudadana esté integrada por personas con procesos penales abiertos, lo que afectaría la legitimidad del control social.
- Necesidad de que los postulantes a Fiscal General expongan públicamente sus propuestas de política penal, su patrimonio y posibles conflictos de interés.
Recomendaciones clave
La MIO plantea varias recomendaciones inmediatas para mejorar el concurso de selección, entre ellas:
- Garantizar la participación inclusiva de mujeres, pueblos indígenas y personas con discapacidad.
- Definir un perfil técnico e independiente para quienes aspiren a dirigir la Fiscalía.
- Asegurar la publicidad de expedientes y decisiones, para permitir el escrutinio de la prensa y la sociedad civil.
- Revisar la conformación de la Veeduría Ciudadana para evitar conflictos de interés.
- Implementar una plataforma tecnológica segura y auditable para el concurso.
- Otorgar plazos razonables que permitan el análisis ciudadano y la fiscalización social.
El informe concluye que la legitimidad de la nueva autoridad de la Fiscalía será determinante no solo para el funcionamiento del sistema de justicia, sino también para la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado. “La selección debe realizarse con rigor, transparencia y participación ciudadana; de lo contrario, el proceso podría verse cuestionado y debilitar aún más la confianza pública”, señala la Misión
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