Latacunga, sede temporal del Ejecutivo, amaneció bajo un fuerte resguardo policial y militar en medio de la convocatoria al paro nacional de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y la movilización oficialista organizada por el Gobierno.
Dirigentes del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) denunciaron que las Fuerzas Armadas y la Policía intentaron impedir el avance de sus bases hacia Latacunga, para llevar a cabo una marcha pacífica en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
Rafael Negrete, presidente del MICC, aseguró que la organización se mantiene en resistencia y que la presencia militar con tanques en la carretera constituye “una provocación”. “Nosotros no vamos a provocar, pero tampoco vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta pacífica”, afirmó.
Por su parte, Apawki Castro, parte de la dirigencia indígena, ratificó que la marcha “es pacífica” y que el pueblo tiene derecho a expresar su rechazo a las medidas económicas del Gobierno.
Contramarcha oficialista
Mientras los comuneros intentaban movilizarse desde distintos puntos de la provincia, el Gobierno llevó a cabo la denominada “Marcha por la Libertad, la Familia y el Trabajo”, que reunió a simpatizantes oficialistas y ministros de Estado.
La movilización gubernamental recorrió la avenida Unidad Nacional hasta llegar a la Gobernación de Cotopaxi, previamente vallada y cercada por fuerzas de seguridad. Entre las autoridades presentes estuvieron las ministras de Gobierno, Zaida Rovira; de Educación, Alegría Crespo; y de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quienes encabezaron el acto desde el balde de una camioneta.
Rovira advirtió que “nunca vamos a aceptar ni aguantar a los que cierran vías y paralizan servicios del país; a esos los declaramos enemigos del pueblo”, al tiempo que agradeció la presencia de delegaciones llegadas desde varias provincias en respaldo al presidente Daniel Noboa.
El MICC calificó el Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel, como un “atentado contra el bolsillo de las familias ecuatorianas” y criticó al Gobierno por “pagar contramarchas y reprimir al pueblo movilizado, mientras la delincuencia sigue fuera de control”.
La organización convocó a sus bases a concentrarse en el sector de La Estación en Latacunga, con demandas que incluyen la derogatoria del Decreto 126, la reducción del IVA al 12%, un mayor presupuesto para salud, educación y seguridad, así como la revocatoria de licencias mineras.
En paralelo, la Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció en Quito que a maestros y servidores públicos se les exigió viajar a Latacunga bajo amenaza de sanciones si no asistían a la marcha oficialista.
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