Por: Soledad Montero Murgueytio, abogada
Como abogada feminista y analista sin querer quedarme de simple espectadora de la realidad ecuatoriana, no puedo permanecer en silencio frente a lo que estamos viviendo tras la expedición del Decreto Ejecutivo No. 126, de 13 de septiembre de 2025, con el que el gobierno decidió eliminar el subsidio al diésel. Las medidas económicas tienen un impacto directo en la vida de las personas, pero lo más alarmante es el modo en que el poder de turno administra la crisis: instaurando el miedo como método de control y desplegando el populismo como disfraz de cercanía.
Lo ocurrido en Otavalo es revelador. El presidente llegó hoy en la madrugada y, a las pocas horas, se mostró repartiendo bonos, vendiendo la idea de ser un gobierno que “piensa en la gente”. Es la misma estrategia de siempre: generar zozobra con decisiones abruptas y luego maquillar la tensión social con gestos asistencialistas que no solucionan nada, pero que buscan posicionar una imagen política favorable.
El miedo, sin embargo, se instala con fuerza en las calles. La actuación desmedida de policías y militares es inocultable. El caso de Gina Cahuasquí es una herida abierta. Una mujer, madre, auxiliar de enfermería, amiga y ciudadana que, con enorme valentía, enfrentó a un miembro de la fuerza pública que disparaba directamente contra los manifestantes. Gina no portaba armas, llevaba agua y comida: ese era su acto de resistencia, su forma de decir que no estaba de acuerdo con la injusticia. Fue abordada por uniformados, subida a un vehículo y desaparecida por más de 48 horas.
Como mujer y como abogada, sé que esas 48 horas son una eternidad cargada de angustia. Sus familiares y amigas no sabían dónde estaba, y todas pensamos lo peor. ¿Cómo no hacerlo si Amnistía Internacional documentó, en su informe “Son Militares, Yo los Vi”, al menos 10 desapariciones en operativos de seguridad solo en 2024? Que hoy Gina esté viva es un alivio, pero no borra la violencia que sufrió ni el mensaje que el Estado envía cuando actúa como verdugo en lugar de garante de derechos.
Nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a intimidarnos, agredirnos, violentarnos sexualmente o desaparecer a quienes ejercemos nuestro derecho a la resistencia. Y aquí quiero ser enfática: las mujeres en particular hemos puesto el cuerpo en estas luchas, hemos enfrentado gases, golpes y detenciones. Protestar en este país significa cargar con el miedo de no volver a casa.
El discurso oficial no ayuda. El ministro del Interior, John Reimberg Oviedo, ha decidido reeditar el mismo guion de Moreno y Lasso: equiparar la protesta social con delincuencia organizada. Se nos quiere criminalizar por pensar distinto, por reclamar, por resistir. Y esa estrategia no solo es perversa, es peligrosa, porque naturaliza la represión como una forma de gobernar.
Pienso que los subsidios deben revisarse, pero esa revisión tiene que ser técnica, transparente y consensuada. Lo que no puede tolerarse es el doble rasero. Porque este mismo gobierno que sataniza los subsidios a los más pobres, condonó deudas tributarias millonarias a los grandes grupos económicos bajo el disfraz de “incentivos”. Esa incoherencia no solo es insultante, es violenta: violenta a las mayorías, a quienes sobreviven con salarios precarios.
Mientras las desigualdades estructurales no se enfrenten con políticas públicas serias, este país seguirá a un paso del estallido. Y cuando la mecha se enciende, lo que arde son vidas humanas y la dignidad de un pueblo que ya no soporta más injusticias.
Hoy hablo como mujer, como abogada y como feminista: no aceptemos que nos gobiernen con miedo ni que nos engañen con populismo. Exijamos coherencia, respeto y un Estado que garantice derechos en lugar de violarlos. Porque lo que está en juego no es solo el precio del diésel, sino el futuro de nuestra democracia, nuestro derecho a vivir sin miedo y la vida misma de quienes habitamos este país.
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