El Municipio de Quito clausuró un centro de rehabilitación clandestino que operaba sin permisos en el barrio Bellavista de Calderón, al norte de la capital. El establecimiento se presentaba como un centro educativo infantil para evadir controles, según informó la Agencia Metropolitana de Control (AMC).
Durante la intervención, las autoridades encontraron a 47 personas recluidas, entre ellas dos menores de edad, de 14 y 17 años. La Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) constató en una primera valoración que varios internos habrían sido víctimas de presuntos abusos físicos, psicológicos y sexuales.
Una de las adolescentes relató que fue obligada a permanecer en el centro por su hermana, con el objetivo de cuidar a su madre, también internada en el lugar. Además, los inspectores hallaron a dos adultos mayores postrados en cama, sin atención médica ni acompañamiento, en condiciones de evidente abandono.
“Estos lugares no solo incumplen con la normativa, sino que ponen en riesgo la integridad física y emocional de quienes buscan ayuda. Nuestro trabajo es proteger la vida y garantizar que ningún establecimiento funcione sin controles ni condiciones adecuadas”, señaló Gustavo Chiriboga, titular de la AMC.
Los menores y adultos mayores fueron trasladados a casas de salud para recibir atención médica, psicológica y apoyo integral.
Animales en malas condiciones
La Unidad de Bienestar Animal (UBA) también intervino en el operativo al encontrar ocho perros (cuatro adultos y cuatro cachorros) en malas condiciones, sin vacunación ni esterilización, lo que constituye una violación a las cinco libertades de bienestar animal.
El responsable del establecimiento podría enfrentar dos sanciones: una multa de hasta $3.760 por operar sin permisos y otra de $1.081 por atentar contra el bienestar animal.
Según datos de la AMC, solo en 2024, se ejecutó 10 clausuras y abrió 19 procesos sancionadores contra centros de este tipo. En lo que va de 2025, ya se registran 15 clausuras, motivadas por irregularidades como riesgos sanitarios, falta de permisos y presuntas actividades ilícitas.
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