El Tribunal Anticorrupción de Pichincha resolvió este viernes, 24 de octubre, revocar la medida de prisión preventiva para 11 de los 12 detenidos por el presunto delito de terrorismo tras los disturbios en el Comando Policial de Otavalo, provincia de Imbabura.
Tras los incidentes en el cuartel policial de Otavalo, en medio de las protestas del paro nacional, 13 personas fueron detenidas por el delito de terrorismo.
Sin embargo, durante la audiencia de formulación de cargos a la ciudadana Gina Betel Cahuasquí T. se le dispuso presentación periódica dos veces por semana y el impedimento de salir del país. Los otros 12 detenidos quedaron bajo prisión preventiva.
La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) confirmó que el Tribunal concedió medidas sustitutivas a la prisión preventiva para 11 de los procesados que apelaron, mientras que uno de ellos, Luis Henry J. E. de origen extranjero, no presentó su recurso a tiempo.
Los jueces, por unanimidad, ordenaron que los procesados cumplan presentación periódica ante la Fiscalía y prohibición de salida del país. La resolución dispone que los procesados deben presentarse el primer lunes de cada mes ante la Fiscalía de Otavalo mientras dure el proceso judicial. La decisión ordena la inmediata excarcelación de los procesados.
Los beneficiarios de esta resolución son los ciudadanos indígenas Diego Armando L. R., Luis Enrique M. F., Elvis Damián L. M., Alfredo P. C., Luis Ernesto T. M., William Andrés R. L., Berny Jonathan A. A., Washington Jeremy L. P., José Segundo A. Q., Juan Sebastián M. T. y Luis Alberto C. B.
El Tribunal también destacó el diálogo intercultural desarrollado durante la audiencia de apelación, dado que la mayoría de los procesados pertenece al pueblo Kichwa Otavalo. Sin embargo, se subrayó que este diálogo no se aplicó adecuadamente durante la audiencia inicial de flagrancia y formulación de cargos.
Según el académico Aquiles Hervas, facilitador del diálogo intercultural entre las comunidades indígenas y el sistema judicial, la Sala de Segunda Instancia declaró que la jueza de primera instancia vulneró derechos colectivos, por lo que deberá rendir un informe que permita evaluar una posible negligencia manifiesta.
La audiencia de apelación se desarrolló el 22 de octubre en el Complejo Judicial Norte de Quito y su fallo fue comunicado la mañana del 24 de octubre de 2025. Con esta decisión, las comunidades y familias de los denominados “12 de Otavalo” celebraron lo que calificaron como “un respiro de paz” tras más de un mes de detención preventiva.
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