Tras la formulación de cargos por terrorismo contra trece personas investigadas por su presunta participación en el ataque al Comando Policial de Otavalo, en Imbabura, la Fiscalía General del Estado solicitó a la jueza anticorrupción Karol Zambrano que fije fecha para reformular cargos y vincular a cinco personas más a la causa.
De acuerdo con la solicitud fiscal, las diligencias investigativas realizadas durante las últimas semanas han modificado los elementos iniciales del caso, lo que justificaría un cambio en la calificación jurídica del delito. Según el documento remitido al despacho de Zambrano, los nuevos hallazgos permitirían investigar una figura penal distinta al terrorismo, cuyos detalles se expondrán durante la audiencia que deberá convocarse en los próximos días.
El proceso penal se originó tras los disturbios ocurridos durante el paro nacional, cuando un grupo de manifestantes habría atacado las instalaciones del Comando Policial de Otavalo. El 23 de septiembre pasado, la Fiscalía imputó cargos por terrorismo contra trece personas, de las cuales once permanecían con prisión preventiva hasta la semana pasada.
El Tribunal Anticorrupción de la Corte de Pichincha, integrado por los jueces Lauro Fernando Sánchez (ponente), Esteban Israel Coronel y Mabel del Pilar Tapia, resolvió revocar la prisión preventiva y sustituirla por medidas alternativas para once procesados: presentación periódica ante la Fiscalía en Otavalo y prohibición de salida del país.
Los beneficiarios de la medida son Diego Armando L. R., Luis Enrique M. F., Elvis Damián L. M., Alfredo P. C., Luis Ernesto T. M., William Andrés R. L., Berny Jonathan A. A., Washington Jeremy L. P., José Segundo A. Q., Juan Sebastián M. T. y Luis Alberto C. B..
Sobre Luis Henry J. E., de nacionalidad extranjera, el Tribunal no emitió resolución durante la audiencia.
El juez ponente, Lauro Sánchez, explicó que los elementos presentados por la Fiscalía en la formulación de cargos no eran claros ni suficientes para justificar la prisión preventiva, pues no demostraban de manera precisa que los procesados integraran un grupo de delincuencia organizada o terrorista.
En el caso de Gina Betel C. T., la única procesada con medidas menos restrictivas desde septiembre, se mantiene la presentación periódica dos veces por semana y la prohibición de salida del país.
Con la solicitud de reformulación de cargos, la Fiscalía busca ajustar la investigación a los nuevos elementos recopilados, mientras el Tribunal y la jueza Zambrano deberán definir en los próximos días la fecha para la nueva audiencia.
Post relacionados
