El jurista Pablo Encalada, quien patrocina la defensa de cuatro de los 15 procesados en el caso Singue, insistió en que no existe delito alguno en la suscripción y ejecución del contrato suscrito por el Estado ecuatoriano con el consorcio Dygoil – Gente Oil para la explotación del campo petrolero en la región amazónica.
En entrevista para el noticiero A Primera Hora, de Majestad radio, Encalada dijo sentir “sabor agridulce”. Lo expresó en torno a que, si bien sobre sus defendidos la sentencia del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) ratificó la inocencia, “uno no puede ser insensible ante la injusticia. No existe ningún tipo de delito”, refiriéndose a la acusación por peculado. Esto significó una condena a ocho años de prisión contra el exvicepresidente Jorge Glas, en su condición de ex Ministro Coordinador de Sectores Estratégicos. Pero, la misma pena pesa contra ex Ministros de Hidrocarburos Wilson Pástor y Carlos Pareja Yanuzzelli; y el empresario César Guerra, en calidad de autores. Además, imputaron cuatro años de prisión al ex Secretario de Hidrocarburos, Gustavo Donoso; al ex Secretario del Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH) Ramiro Cazar; y al ex miembro del equipo negociador, José Burgos, en calidad de cómplices.
Sobre el delito
Pablo Encalada recordó que, en el delito de peculado, “debe necesariamente existir abuso de fondos públicos”. Por el contario, dijo, el Ministerio de Energía, que no actuó como acusador particular en este proceso, emitió una certificación que confirma que el contrato Singue si generó beneficios económicos para el Estado. “El Ministerio de Energía fue el gran ausente en este proceso penal. No estuvo en las audiencias. No fue el acusador y lo más llamativo es que el contrato se va a seguir ejecutando”, resaltó. En este punto, Encalada reconoció que le preocupa la situación del resto de contratos que mantiene el sector petrolero, porque, añadió, son iguales a los de Singue. “Esto va a significar que no haya confianza para invertir en el Ecuador. Con la sentencia, es absurdo que el contrato se siga ejecutando y me temo que el fallo será causal suficiente para que Ecuador pierda el arbitraje internacional que interpuso Dygoil – Gente Oil», alertó.
El jurista insistió en defender la legalidad del proceso de licitación que concluyó con el contrato del campo Singue. Así, rechazó la postura del Tribunal Penal, que advirtió que debió ser declarado desierto por las autoridades de la época. “Si está bien el proceso, ¿por qué debían declararlo desierto?”, preguntó. Sostuvo, además, que no existe lógica en la acusación contra los tres exfuncionarios, sentenciados como cómplices.
Encalada reveló que es la primera vez que observa que el juez ponente de un tribunal se aparta del voto de mayoría. “Lo que llamativo, mas no ilegal”, resaltó el jurista. Así mismo, cuestionó que la audiencia para la lectura oral de la sentencia se haya dado tres meses después y justo a dos semanas de las elecciones. Al tratarse de una sentencia de primera instancia, cabe la apelación.
