El contralor general del Estado, Mauricio Torres, informó este miércoles que la Contraloría avanza en varios exámenes especiales en los sectores de energía, salud pública, seguridad social y contratación pública. El funcionario anticipó que, tanto en los contratos adjudicados a Progen Industries LLC como en el caso del Hospital Monte Sinaí, se han detectado irregularidades que podrían derivar en acciones civiles, administrativas y penales.
Indicios penales en el tercer contrato de Progen
Torres reveló que los resultados preliminares del tercer examen especial relacionado con Progen —correspondiente a un contrato de USD 20,1 millones otorgado por la Empresa Eléctrica Regional del Sur (Eerssa) el 26 de julio de 2024— muestran un patrón similar al de los casos anteriores.
El contrato tenía como fin repotenciar la central termoeléctrica de Catamayo, en Loja, con la instalación de 15 megavatios en 180 días. La empresa recibió un anticipo del 70%, pero, según la Contraloría, no cumplió con los términos contractuales.
“Hasta el momento existirían responsabilidades administrativas, civiles e indicios de responsabilidad penal“, señaló Torres en entrevista para Teleamazonas.
La Fiscalía ya inició una investigación tras recibir los indicios penales. En el ámbito administrativo, la Contraloría avanza hacia la pre-determinación, paso previo para emitir títulos de crédito, ejecutar embargos o recuperar los fondos a través del sistema financiero.
Este proceso se suma a los otros dos contratos que Progen ganó durante la emergencia eléctrica de 2024, por un total de USD 149 millones, para la instalación acelerada de motores en Quevedo y El Salitral, que tampoco fueron cumplidos. Por esos dos casos, la Contraloría estableció un perjuicio superior a USD 100 millones. El informe final del contrato de Catamayo se prevé para enero de 2026.
Monte Sinaí: vínculos familiares y facturación irregular
En el sector de la salud, Torres confirmó que el examen especial ejecutado al Hospital Monte Sinaí, en Guayaquil, también arrojó responsabilidades administrativas, civiles y penales. La responsabilidad civil asciende a casi USD 4 millones, valor que deberá ser recuperado por el Estado.
El contralor explicó que se hallaron irregularidades en distintas fases de contratación, entre ellas la participación de personas con vínculos de consanguinidad, lo que levanta alertas sobre posibles conflictos de interés.
Además, se identificaron inconsistencias entre lo facturado y lo recibido, lo que refuerza la hipótesis de actos de corrupción. “Hay indicios que generan dudas y no cuadran los valores con los bienes o servicios entregados“, precisó.
Torres señaló que, aunque la Contraloría enfrenta limitaciones de personal, mantiene abiertos exámenes en:
- la Regional 8, sobre prestadores de seguros,
- varias unidades del IESS,
- procesos de contratación pública en distintas instituciones,
- y auditorías relacionadas al Ministerio de Salud.
“Estamos cubriendo lo que más se necesita y en poco tiempo habrá más resultados“, afirmó.
Contraloría analizará polémico contrato entre el Gobierno y Healthbird
El contralor general confirmó además que la Contraloría recibió varias denuncias relacionadas con el contrato suscrito entre el Gobierno y la empresa Healthbird, por lo que la institución ya activó una verificación preliminar para revisar cómo se adjudicó el proceso y determinar si existen elementos suficientes para abrir un examen especial.
“Tenemos denuncias que han llegado a la Contraloría. Estamos revisando cómo se adjudicó el contrato. Aplicaremos ciertas técnicas. En los próximos días tendremos resultados“, señaló Torres.
El contralor explicó que las denuncias cuestionan, entre otros puntos, la experiencia real de la empresa, su ubicación física, sus antecedentes y el cumplimiento de estándares técnicos exigidos para el contrato. Debido a estas alertas, la Contraloría realizará un levantamiento integral de información que abarcará las fases precontractual, contractual y cualquier documentación vinculada a la adjudicación.
“Debemos verificar si la empresa realmente tiene la experiencia que se indicó. Incluso se menciona que no podría ser localizada en el domicilio registrado“, señaló.
Torres indicó que, además de la solicitud de la asambleísta Viviana Veloz, existen denuncias presentadas por varios legisladores y ciudadanos. Precisó que el inicio de una verificación preliminar no implica aún la apertura formal de un examen, sino que permite recopilar y analizar la información necesaria para decidir si corresponde avanzar a una auditoría completa.
“No es una sola denuncia. Son varias, y debemos revisar todas para ver si tienen sustento. Hay denuncias que llegan sin ningún fundamento y debemos actuar con rigor técnico“, afirmó.
El contralor recordó que este procedimiento está establecido en el artículo 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Contraloría, que define los tiempos, recursos, alcance y metodología que deben aplicarse antes de decidir si se procede con un examen especial.
Torres adelantó que la institución aplicará técnicas de auditoría especializadas para determinar si el contrato con Healthbird cumple con la normativa vigente y si existen señales de irregularidades.
“Con esta verificación vamos a levantar suficiente información que nos permita ir directamente a lo que debemos revisar. En los próximos días tendremos avances concretos“, aseguró.
La Contraloría continuará recibiendo y procesando documentación adicional mientras avanza este proceso preliminar, antes de definir si el caso amerita un examen profundo.
Post relacionados
