La bancada del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) presentó este lunes un proyecto de enmienda constitucional que plantea retirar a las personas privadas de libertad (PPL) de los grupos de atención prioritaria.
Actualmente la Constitución incluye a los PPL bajo esa denominación, junto a niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.
La propuesta propone trasladar a las PPL del artículo 35, que consagra los derechos de grupos vulnerables, al artículo 78, dentro del capítulo de derechos de protección. Según ADN, con esta modificación no se eliminan ni reducen derechos, sino que se los reubica y refuerza en el lugar constitucional que corresponde.
La iniciativa deberá primero ser calificada por la Corte Constitucional, que deberá definir si la vía de la enmienda corresponde a dicha modificación.
“Cuando las PPL fueron equiparadas con personas en vulnerabilidad se generó un privilegio que nunca debió existir y que facilitó abusos y saturación en el sistema judicial”, señaló la bancada en un comunicado.
El movimiento subrayó que esta enmienda forma parte de su postura de “frenar la impunidad, enfrentar al crimen organizado y devolver equilibrio al sistema judicial”, que consideran distorsionado por interpretaciones erróneas de la normativa vigente.
Cuatro articulados serán modificados
La legisladora Lucía Pozo, representante de ADN, explicó que el proyecto contempla la reforma de cuatro disposiciones constitucionales, entre ellas:
- Eliminar del artículo 35 la referencia a las Personas Privadas de Libertad.
- Trasladar el artículo 51, que establece los derechos de las PPL, al artículo 78, incorporándolo como un numeral dentro de los derechos de protección.
- Crear un nuevo numeral, el octavo, para consagrar expresamente los derechos relacionados con la dignidad humana de las PPL, diferenciándolos del tratamiento de los grupos de atención prioritaria.
- Revisar el capítulo 78.1 para sustituir la frase relacionada con los profesionales del derecho que ejercen defensa técnica de las PPL.
Pozo insistió en que la propuesta no implica regresión de derechos, sino una reorganización normativa que busca “ordenar la Constitución y garantizar que cada grupo esté ubicado en el marco jurídico adecuado”.
El presidente Daniel Noboa ya había planteado esta corrección meses atrás, asegurando que las personas privadas de libertad “no deben tener privilegios” frente a la ley y que su condición no puede equipararse a la de los grupos históricamente vulnerables.
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