El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, dispuso la terminación unilateral del contrato con la empresa de seguridad que opera en la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera, luego de la agresión contra equipos periodísticos de Ecuavisa y TC Televisión durante la madrugada de este martes 9 de diciembre.
El pronunciamiento del burgomaestre se dio alrededor de las 06:50, a través de su cuenta en la red social X, donde cuestionó duramente la actuación de la empresa de seguridad y señaló que este tipo de compañías, adjudicatarias de contratos mediante el catálogo electrónico del Sercop, deben actuar con protocolos adecuados. En su mensaje, Alvarez también ofreció disculpas públicas a la prensa por lo ocurrido.
Las agresiones se registraron cerca de las 04:30, cuando los comunicadores realizaban coberturas informativas desde los exteriores de la terminal, tras un reporte de incendio en el patio de comidas. Según relataron las víctimas, alrededor de 15 guardias privados se acercaron para amedrentarlos, exigirles que dejaran de grabar y que entregaran el material audiovisual.
Como resultado del incidente, dos colaboradores de TC Televisión resultaron con heridas en la cabeza, luego de ser golpeados con toletes, mientras que integrantes del equipo de Ecuavisa sufrieron contusiones.
La Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil confirmó la terminación unilateral del contrato con la empresa de seguridad involucrada en la agresión a equipos de prensa. De manera temporal, mientras se concreta la contratación de una nueva firma de seguridad privada, la Empresa Pública Municipal Segura EP asumirá la vigilancia y resguardo de las instalaciones de la terminal, detalló un comunicado.
Pese a este hecho violento, durante la mañana de este martes las actividades en la Terminal Terrestre Jaime Roldós Aguilera se desarrollan con normalidad. El servicio de buses y taxis no ha sido interrumpido.
Sercop detalla que empresa de seguridad implicada en agresión a periodistas “no consta en catálogo vigente”
El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) informó que la empresa de seguridad involucrada en la agresión a equipos periodísticos en la Terminal Terrestre de Guayaquil no forma parte del Catálogo vigente del Servicio de Seguridad y Vigilancia Privada.
A través de un comunicado, la entidad identificó a la compañía implicada como FORSEMAX CÍA. LTDA. y precisó que dicha empresa constó en un catálogo electrónico anterior, que operaba desde julio de 2022 y que se encontraba desactualizado y sin control, según la normativa vigente en materia de seguridad privada.
El Sercop indicó que en septiembre de 2025 se realizó una actualización y depuración del catálogo, con el objetivo de elevar los estándares de calidad, ampliar la cobertura del servicio y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales. Como resultado de ese proceso, FORSEMAX ya no consta en el listado actual de proveedores habilitados.
Finalmente, el Sercop expresó su solidaridad con los periodistas agredidos y los medios de comunicación afectados, y reiteró que ningún acto de violencia puede ser justificado bajo argumentos administrativos.
Municipio rechaza versión del Sercop sobre empresa de seguridad
Desde la Municipalidad de Guayaquil, la postura fue distinta. A través de un pronunciamiento en redes sociales, se aseguró que la empresa sí constaba en el catálogo electrónico vigente al momento de la contratación, en agosto de 2025, y que fue el propio Sercop quien la adjudicó para formar parte de ese sistema, argumento que el Municipio respalda con documentación.
Este nuevo cruce se suma a otras disputas previas entre el Sercop y la Alcaldía de Guayaquil, luego de que el organismo estatal suspendiera varios contratos municipales, alegando presuntas irregularidades. Entre ellos figuran procesos relacionados con la importación de insulina, la compra de equipos de seguridad y la pauta publicitaria en medios de comunicación.
Mientras tanto, tras la agresión a la prensa, Segura EP asumió la custodia de la Terminal Terrestre. El caso continúa generando debate público sobre la responsabilidad institucional, los mecanismos de contratación pública y las garantías para el ejercicio del trabajo periodístico.
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