El procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, se refirió este martes a las alternativas legales que aún tiene Ecuador frente al laudo arbitral del caso Chevron. El funcionario advirtió que una eventual anulación total del fallo es jurídicamente posible, aunque compleja desde el punto de vista técnico. “No es algo fácil”, alertó.
Durante una entrevista para el noticiero “A Primera Hora”, que se transmite por Radio Armónica y Primera Plana, Larrea explicó que, si bien el laudo es inapelable, existe una fase inicial en la que las partes pueden solicitar correcciones puntuales.
Estas se limitan a eventuales errores en la cuantificación, determinación de montos o conceptos que el tribunal arbitral haya omitido. Este plazo, precisó, vence esta semana.
Superada esa etapa, Ecuador y la contraparte disponen de un período de tres meses para presentar una acción de anulación ante la justicia de Países Bajos, país sede del arbitraje.
Cómo procede la anulación
El procurador aclaró que se trata de un recurso excepcional que solo procede cuando existen violaciones graves al procedimiento o errores sustanciales en el laudo.
“La acción de anulación no es algo fácil. Requiere demostrar fallas muy profundas, como que el tribunal se haya excedido en sus competencias o que haya vulnerado disposiciones de orden público”, señaló Larrea.
En ese contexto, indicó que la anulación puede ser parcial o total, y recordó que Ecuador ha tenido experiencias previas en las que este tipo de acciones permitió reducir los montos establecidos.
El funcionario afirmó que el Estado se encuentra evaluando la conveniencia de presentar primero una solicitud de corrección y, posteriormente, analizar una eventual acción de anulación con el objetivo de disminuir la cuantificación determinada por el tribunal arbitral.
Larrea también aclaró que una anulación total del laudo sí es jurídicamente posible, aunque no descartó que incluso la contraparte pueda solicitarla.
Además, señaló que aún falta una última instancia del proceso arbitral en la que se deberán fijar los costos del arbitraje, valores que también deberán ser asumidos por Ecuador.
Finalmente, el procurador indicó que las comunidades afectadas en la Amazonía conservan la posibilidad de presentar una nueva acción judicial para reclamar por los daños ambientales atribuidos a la operación de Texaco.
Tribunal redujo indemnización
La pasada semana trascendió que un tribunal arbitral redujo la indemnización de 3.350 millones de dólares que Chevron reclamaba a Ecuador desde 2018. La Procuraduría General del Estado (PGE), que representó al país en el proceso, anunció la decisión en este comunicado.
Según detalló la PGE, el monto fue establecido en el denominado Laudo de Cuantificación de Daños, derivado de un fallo arbitral emitido en agosto de 2018, en el que se determinó que Ecuador violó el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito con Estados Unidos.
La Procuraduría destacó que el tribunal aceptó la mayoría de los argumentos de la defensa del Estado, lo que permitió reducir la pretensión inicial en un 93,4 %, evitando el pago de más de USD 3.130 millones. El laudo fija una indemnización total de USD 220 806 941,94, de los cuales USD 180 402 691,43 corresponden a capital y USD 40 404 250,51 a intereses prelaudo.
La entidad señaló que el proceso arbitral avanza ahora a una cuarta fase, relacionada con la determinación de las costas del arbitraje. Además, indicó que el laudo se encuentra bajo un análisis técnico-jurídico detallado para evaluar la viabilidad y conveniencia de eventuales acciones posteriores.
En septiembre pasado, el presidente Daniel Noboa había señalado que en este caso se habría ordenado un pago de aproximadamente USD 800 millones. En la proforma presupuestaria de 2024, el Estado contemplaba una posible obligación de hasta USD 2.000 millones.
El origen de la controversia se remonta a un juicio ambiental tramitado en la Corte Provincial de Sucumbíos, que en 2011 condenó a Chevron a pagar USD 9.500 millones por daños ambientales en la Amazonía. En 2018, el tribunal arbitral concluyó que Ecuador negó justicia a la petrolera en ese proceso. Posteriormente, la sentencia ecuatoriana fue desestimada por fraude procesal.
Durante el gobierno de Rafael Correa, en 2013, se impulsó la campaña internacional “La Mano Sucia de Chevron”, con la participación de autoridades y figuras públicas en la Amazonía ecuatoriana para denunciar la contaminación atribuida a la empresa.
Reacción de Chevron
Chevron señaló que está complacida con la resolución del caso. En un comunicado difundido por el canal Ecuavisa, la compañía afirmó que el tribunal arbitral de La Haya, al condenar lo que calificó como fraude judicial, soborno y corrupción ocurridos durante un gobierno ecuatoriano anterior, ha fortalecido el estado de derecho a nivel global.
La empresa recordó que el mismo tribunal ya había determinado que la sentencia ecuatoriana de USD 9.500 millones en su contra fue fraudulenta y que ahora ha condenado a Ecuador a pagar más de USD 220 millones por los gastos en los que incurrió para impedir la ejecución de dicha sentencia en distintas jurisdicciones del mundo.
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