El Consejo de la Judicatura solicitó a la Fiscalía General del Estado que inicie las investigaciones correspondientes tras remitir una noticia criminis, relacionada con una denuncia pública sobre la situación de seguridad de un juez anticorrupción, expuesta en un artículo de opinión, publicado en el portal Primicias.
Según informó la institución, la decisión fue adoptada luego de la difusión de un texto que alerta sobre presuntas presiones, amenazas y falta de protección a un magistrado identificado con las iniciales C.S.L., lo que podría configurar hechos de relevancia penal. La notificación a la Fiscalía fue enviada el miércoles 17 de diciembre por disposición de la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy Naranjo.
De forma paralela, la Judicatura remitió un oficio al Ministerio del Interior para que se realice un análisis de riesgo del juez mencionado y de su núcleo familiar, debido a la exposición de datos personales y de su imagen en el espacio público, con el fin de determinar si se requieren medidas de protección.
Adicionalmente, el organismo dispuso a la Dirección Nacional de Transparencia que ejecute los procedimientos internos pertinentes, en el marco de sus acciones institucionales orientadas a prevenir y combatir la corrupción.
En el comunicado, la Judicatura señaló que confía en que las autoridades competentes actuarán con independencia, objetividad y apego a la ley, en resguardo de la institucionalidad judicial y de la confianza ciudadana.
Tras la notificación de Judicatura, la Fiscalía informó en su red social X que ha inicado una investigación previa por presunto tráfico de influencias.
El contexto
El pronunciamiento del Consejo de la Judicatura se produce tras la publicación del artículo de opinión “Los valientes están solos”, del jurista y académico Felipe Rodríguez, en el que se expone el caso de un juez anticorrupción que habría enfrentado presiones indebidas y amenazas luego de emitir una sentencia en un proceso por lavado de activos.
En el texto, el autor expone una dura crítica al sistema judicial a partir del caso de un juez anticorrupción. El autor sostiene que los jueces que actúan con independencia y enfrentan al crimen organizado quedan desprotegidos y aislados por el propio Estado.
Ante estas presiones, el juez decidió documentar los hechos y, junto a otro magistrado, emitió una sentencia condenatoria basada en las pruebas. Tras la decisión judicial, el artículo señala que el juez habría recibido amenazas, incluso un gesto intimidatorio durante la audiencia, y que lejos de reforzarse su seguridad, esta le fue retirada.
Posteriormente, su compañero fue suspendido y el juez en cuestión presentó su renuncia, que hasta la fecha —según el texto— no habría sido aceptada, mientras se le intentaba mantener en un tribunal sensible.
Pronunciamiento de Dolores Vintimilla
En un comunicado, la abogada Dolores Vintimilla aclaró que desde noviembre de 2024 dejó la defensa de varias causas, tras contraer matrimonio con Mario Godoy, presidente de la Judicatura.
Vintimilla patrocinaba la defensa del serbio Jezdimir Srdan, sentenciado por el delito de lavado de activos en el caso ‘Euro 2024’. Sin embargo, la abogada aseguró que solo participó en la etapa pre procesal y que, tras dejar el caso, no intervino en las etapas posteriores de formulación de cargos, evaluatoria de juicio, juicio y sentencia.
Judicatura aclara situación de seguridad y funciones del juez
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, aclaró en un comunicado que la asignación o retiro de seguridad personal no es competencia del CJ, sino de otra institución del Estado, conforme al Acuerdo Ministerial 0150 del 7 de diciembre de 2023 y a los informes técnicos de evaluación de riesgo emitidos por la autoridad correspondiente.
En cuanto a las condiciones laborales del magistrado, el Godoy informó que el juez solicitó acogerse a la modalidad de teletrabajo, petición que fue aprobada mediante el oficio DP17-2025-1557-OF. La autorización permite que desempeñe sus funciones de forma remota desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, en estricto cumplimiento de la normativa y protocolos vigentes.
Respecto a la renuncia presentada el 4 de diciembre, el titular de la Judicatura indicó que esta no ha sido aceptada por el Pleno, debido a que el magistrado mantiene a su cargo causas de conmoción social, las cuales requieren la emisión de sentencias por escrito.
Acciones desde la Asamblea Nacional
La asambleísta de RC, Viviana Veloz, informó que formalizó ante la Presidencia de la Asamblea Nacional un pedido para suspender el receso previsto a partir del 22 de diciembre, ante lo que calificó como hechos gravísimos que sacuden al país y que evidenciarían una posible intromisión en la justicia y una vulneración de la independencia judicial.
Veloz sostuvo que, en momentos críticos, la Legislatura no puede entrar en pausa y enfatizó que las labores de fiscalización y control político no pueden esperar, por lo que consideró necesario que la Asamblea mantenga su actividad.
Asamblea llama a comparecer a Godoy
El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, informó que, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, decidió convocar al titular del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, para que comparezca ante el Pleno de la Asamblea, con el fin de que rinda explicaciones ante los representantes del pueblo ecuatoriano, en estricto cumplimiento de lo establecido en la Constitución.
La convocatoria surge ante las denuncias del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien alertó sobre amenazas y presiones en el ejercicio de sus funciones.
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