El Consejo de Administración Legislativa (CAL) no admitió a trámite el pedido de juicio político contra cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) “debido a inconsistencias en las firmas de respaldo a la solicitud”.
Los consejeros que iban a ser sometidos a juicio político son Andrés Fantoni (presidente), Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.
La decisión fue adoptada en la sesión del CAL realizada este lunes,12 de enero, luego de conocer y acoger el informe elaborado por la Unidad Técnica Legislativa (UTL).
Según el documento, aunque se presentaron 42 firmas de respaldo, 16 de ellas presentaron problemas en la integridad de la firma electrónica tras la validación realizada en plataformas oficiales, por lo que solo 26 fueron consideradas válidas.
Al no alcanzarse el mínimo requerido —equivalente a una cuarta parte de los integrantes de la Asamblea Nacional, es decir, al menos 38 firmas—, el CAL concluyó que la solicitud era improcedente desde el punto de vista formal.
Las firmas que presentaron inconsistencias corresponden a los asambleístas Blasco Luna, Paola Cabezas, Ricardo Patiño, Cristina Jácome, Héctor Valladárez, Roque Ordóñez, Lenín Barreto, Sara Cabrera, Josefina Romero, Héctor Rodríguez, Humberto Alvarado, Jahiren Noriega, Juan Guzmán, Lizardo Casanova, Ronal González y Verónica Íñiguez.
Además del problema numérico, el informe de la UTL advirtió una falta de coherencia interna en la identificación de la autoridad sujeta a juicio político. En el texto del pedido se menciona, en uno de sus apartados, a una persona distinta a los consejeros del CPCCS, sin justificar su condición de autoridad de control ni su sujeción al régimen de responsabilidad política, lo que impide determinar con claridad a los funcionarios a ser enjuiciados.
La solicitud fue presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina, de la bancada de la Revolución Ciudadana, quien acusó a los consejeros de presunto incumplimiento de funciones. Las denuncias estaban relacionadas con un supuesto conflicto de intereses en la conformación de la comisión técnica para la selección de los vocales del Consejo de la Judicatura, así como con la interpretación del Código de la Democracia para inhabilitar a un postulante y permitir la inclusión de Mario Godoy en la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia.
El intento de enjuiciamiento político se dio en un contexto clave, en medio del proceso de designación del fiscal general del Estado, cuya comisión de selección está prevista conformarse en los próximos días. Mientras tanto, el juicio político contra Mario Godoy, también impulsado por el correísmo, sí continúa su trámite y se encuentra en manos de la Comisión de Fiscalización.
RC insiste y anuncia nuevas acciones
Tras la decisión del CAL, el asambleísta de la Revolución Ciudadana (RC), Luis Molina, anunció que la tarde de este lunes presentará una nueva solicitud de juicio político contra los consejeros del CPCCS que votaron a favor de la designación de Mario Godoy como presidente del Consejo de la Judicatura, luego de que el primer pedido no fuera admitido por supuestas inconsistencias en 16 firmas.
Molina también adelantó que en los próximos días impulsará un nuevo juicio político contra el CPCCS por presuntas irregularidades en el concurso para la designación del Fiscal General del Estado, proceso que se encuentra en curso y que ha generado fuertes cuestionamientos políticos.
Mientras tanto, el juicio político contra Mario Godoy sí continúa su trámite y se encuentra en etapa de sustanciación en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Con 46 firmas, RC presenta nueva solicitud de juicio político contra cinco consejeros del CPCCS
La bancada de la Revolución Ciudadana ingresó nuevamente una solicitud de juicio político contra cinco consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), esta vez con el respaldo de 46 firmas, el mismo día en que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) inadmitió un pedido anterior por inconsistencias en las rúbricas de apoyo.
La mañana de este lunes, el CAL archivó la solicitud presentada por el asambleísta Luis Fernando Molina, al detectar problemas en 16 de las 42 firmas que respaldaban el trámite. Horas después, el legislador volvió a presentar el pedido ante la presidencia de la Asamblea Nacional, ahora con 46 firmas válidas, a la espera de que el CAL avoque conocimiento y resuelva su admisión.
De acuerdo con Molina, las actuaciones de los consejeros no se limitaron a decisiones administrativas, sino que evidenciarían un ejercicio irregular de sus competencias constitucionales y el incumplimiento de deberes previstos en la Constitución y la ley. El legislador sostuvo que la insistencia en el juicio político responde a la obligación de ejercer control político y rechazó que el trámite sea bloqueado por lo que calificó como excusas administrativas.
“El control político no se archiva por cálculo”, señaló Molina en redes sociales, al indicar que ahora corresponde al CAL resolver si admite o no el nuevo pedido. Con esta acción, el correísmo busca que se active el proceso de fiscalización contra los cinco consejeros del CPCCS en medio de un escenario de alta tensión política en el Legislativo.
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