La empresa Gráficos Nacionales S. A. (Granasa), editora de los diarios Extra y Expreso, afirmó que la intervención dispuesta por la Superintendencia de Compañías no tendrá incidencia en la línea informativa ni en las decisiones editoriales de ambos medios.
El pronunciamiento lo realizó este viernes, 20 de febrero, el procurador judicial de la compañía, Eduardo Carmigniani, durante una rueda de prensa en la que explicó los alcances de la medida.
Según detalló, la interventora designada, Elizabeth del Pilar Jiménez Franco, llegó a la empresa el jueves y su función se limitará a la supervisión administrativa y financiera.
“La administración de Granasa sigue en manos de los administradores de siempre”, señaló Carmigniani, quien insistió en que “no habrá ninguna modificación en la independencia de la línea editorial”.
Contexto de la intervención y controversia accionaria
La intervención fue notificada el 18 de febrero mediante un oficio reservado. De acuerdo con la resolución oficial, la medida busca “supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de irregularidades advertidas”, con el objetivo de evitar perjuicios a socios y terceros.
La Superintendencia sostiene que la empresa estaría incursa en una causal prevista en el numeral 5 del artículo 354 de la Ley de Compañías.
El caso ocurre en medio de una controversia por el control del 40 % del paquete accionario de la compañía. El 29 de diciembre de 2025, la entidad dispuso revertir ese porcentaje de acciones transferidas en 2020 a favor de Íngrid Martínez Leisker, para que regresen a Veranera S. A., empresa en proceso de liquidación.
Carmigniani afirmó que no existe una orden judicial firme que anule esa transferencia y cuestionó la legalidad del procedimiento.
Funciones de la interventora y reclamo de Inmobiliar
La interventora deberá presentar informes mensuales sobre las actividades realizadas y las acciones adoptadas para superar las causales que motivaron la intervención.
El abogado explicó que, con su presencia, será necesario su visto bueno para ciertas operaciones administrativas, como la emisión de cheques o la celebración de nuevos contratos.
Asimismo, indicó que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria (Inmobiliar), adscrita a la Presidencia de la República, posee el 2,56 % de las acciones de Granasa desde enero y habría solicitado información empresarial considerada sensible, como listas de clientes, proveedores y contratos publicitarios.
Según Carmigniani, la administración puede negarse a entregar determinados datos cuando considere que podrían ser utilizados para fines distintos a los societarios.
Finalmente, el representante legal expresó su expectativa de que la intervención no afecte el funcionamiento normal de la empresa ni represente un hostigamiento.
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