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Judicatura destituye a jueces anticorrupción por el caso Fachada

Judicatura destituye a jueces anticorrupción por el caso Fachada

El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a los jueces anticorrupción Christian Quito y Gabriela Lara vinculados al denominado caso Fachada, que investiga delitos de delincuencia organizada y tráfico de influencias.

La decisión se adoptó tras determinar que existían suficientes elementos que evidenciaban el cometimiento de una infracción disciplinaria, por parte de los exadministradores de justicia, en relación con un caso vinculado al grupo delincuencial “Comandos de la Frontera”.

Según la Fiscalía General del Estado, ambos magistrados —junto con Jairo García— habrían intentado gestionar la liberación de los hijos de un cabecilla del grupo armado ilegal Comandos de la Frontera, conocido con el alias “Gerente”, actualmente recluido en la Cárcel del Encuentro.

Allanamientos y hallazgo de dinero en efectivo

El 16 de enero de 2025, el Ministerio Público ejecutó allanamientos en domicilios y oficinas vinculadas a los funcionarios investigados. Durante los operativos se encontraron fuertes sumas de dinero en efectivo, lo que motivó su suspensión temporal por tres meses.

Pese a la medida, los jueces retomaron funciones en septiembre de 2025, hasta que finalmente se resolvió su destitución tras el avance del proceso administrativo disciplinario.

Vínculos con otros casos judiciales

Gabriela Lara fue la única jueza que salvó su voto en el juicio contra el ciudadano serbio Jezdimir Srdan, procesado en el caso Euro 2024. En esa causa, los magistrados Christian Fierro y Carlos Serrano lo declararon culpable de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

Por su parte, Christian Quito enfrenta además otra investigación por presunta asociación ilícita. De acuerdo con la Fiscalía, habría intentado justificar USD 10 000 hallados en efectivo en su departamento mediante un contrato simulado.

El caso Fachada continúa en etapa investigativa, mientras las autoridades analizan posibles responsabilidades penales adicionales derivadas de los hechos.

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