El alcalde de Guayaquil y el exfuncionario César Bravo fueron trasladados a La Libertad este domingo. El Tribunal tomó la decisión por una supuesta alerta de seguridad.

El Tribunal de Garantías Penales suspendió la audiencia del Caso Triple A este domingo a las 17:05, citando riesgos de seguridad y fallas críticas de conectividad. Tras una jornada marcada por incidentes técnicos y el traslado físico de Aquiles Alvarez a una unidad judicial, los jueces reprogramaron la diligencia para el próximo 30 de marzo de 2026.

En esta diligencia solo se evacuaron dos versiones de las 25 solicitadas por Fsicalía.

Traslado inminente a Santa Elena

El quinto día de audiencia del Caso Triple A cambiará de modalidad este domingo 22 de marzo. El alcalde Aquiles Alvarez y César Bravo serán llevados desde el centro penitenciario hasta una sala judicial en el cantón La Libertad.

Esta movilización responde a la caída del servicio de internet en la Cárcel del Encuentro. Dicho inconveniente técnico impidió la reinstalación telemática de la diligencia, la cual estaba prevista para las 08:30.

Medidas para asegurar la defensa

El Tribunal especializado en corrupción dispuso que el traslado garantice el derecho a la defensa de los procesados. Además, los jueces ordenaron que los abogados se conecten desde el recinto carcelario en Santa Elena.

Por su parte, el SNAI deberá facilitar el ingreso de equipos informáticos, documentos y expedientes físicos. La resolución busca subsanar las limitaciones de comunicación privada denunciadas previamente por la defensa técnica.

El abogado Ramiro García cuestionó las restricciones dentro de la cárcel, señalando que la falta de medios básicos afectaba el proceso. Ante esto, el Tribunal suspendió temporalmente la jornada para coordinar la logística del traslado.

Pruebas y perjuicio económico

La Fiscalía convocó a 25 testigos para esta etapa del juicio por presunta comercialización ilegal de hidrocarburos. En la causa se investiga a 16 personas naturales y seis empresas vinculadas al sector energético.

La investigación de Arconel estima un perjuicio al Estado de 61,5 millones de dólares. Este monto se relaciona con el manejo irregular de más de 22,7 millones de galones de diésel y gasolina a nivel nacional.

La diligencia en La Libertad es una fase clave para la presentación de pruebas documentales. Se espera que la jornada se extienda durante todo el domingo para recuperar el tiempo perdido por los fallos técnicos.