Las organizaciones políticas acusan al Gobierno de Daniel Noboa de usar al CNE para eliminarlas de la lid electoral. La consejera Elena Nájera advierte que la sesión de cancelación es nula por irregularidades en la convocatoria.

Acusaciones de persecución política

El inicio del proceso de cancelación contra Unidad Popular y Construye desató una crisis institucional en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Ambas agrupaciones señalan al oficialismo de intentar proscribir a los sectores de oposición.

Geovanni Atarihuanna, director de Unidad Popular, calificó la medida como un “apagón a la democracia” orquestado por el Ejecutivo. El dirigente afirmó que el informe técnico es fraudulento y carece de sustento jurídico real.

Por su parte, Jorge Peñafiel, directivo de Construye, atribuyó la decisión a intereses directos de la presidenta Diana Atamaint. Según Peñafiel, el Gobierno busca sacar a su movimiento de la competencia electoral mediante informes políticos.

Dudas sobre la validez legal

La validez de la sesión donde se aprobaron los informes técnicos enfrenta severos cuestionamientos legales. La consejera Elena Nájera denunció que la instalación del pleno fue nula por errores en el procedimiento.

Nájera señaló que Atamaint principalizó a un suplente sin que existiera una excusa formal por escrito de su parte. La consejera notificó su situación apenas minutos antes de la sesión, invalidando la participación del alterno.

Esta falta de rigor administrativo se suma a los tres intentos fallidos previos del CNE para reunir los votos. Finalmente, el organismo logró el quórum mediante consejeros suplentes en medio de fuertes críticas internas.

Cifras en disputa y defensa

El informe del CNE sostiene que Unidad Popular redujo su base a 31.000 afiliados. En el caso de Construye, el documento asegura que la organización no registra adherentes suficientes para existir.

La Revolución Ciudadana también expresó su preocupación ante estos hechos y advirtió sobre un posible escenario de proscripción generalizada. Los movimientos afectados anunciaron que defenderán su vigencia en todas las instancias legales posibles.

El proceso administrativo entra ahora en su fase de notificación y presentación de pruebas de descargo. La resolución final determinará si estas fuerzas políticas logran sobrevivir para los comicios seccionales de 2027.