La Corte Constitucional emitió un dictamen favorable a la propuesta de enmienda constitucional que plantea eliminar la facultad de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y trasladarla a la Asamblea Nacional, asegurando que cumple los requisitos legales para avanzar a referéndum.
El pronunciamiento corresponde al dictamen aprobado el 19 de marzo y difundido este martes, en el que el organismo concluye que tanto los considerandos como la pregunta planteada garantizan claridad, coherencia y neutralidad para los electores.
Aval con condiciones
La Corte determinó que la propuesta supera el control previo de constitucionalidad, aunque condicionó su validez a la corrección de un error formal en el texto normativo. Este ajuste busca garantizar la transparencia y evitar ambigüedades en la información que recibirán los ciudadanos.
Según el dictamen, una vez cumplida esta corrección, el presidente de la República podrá continuar con el proceso de convocatoria a referéndum conforme a la normativa vigente.
Cambios planteados en la consulta
La propuesta impulsada por el Ejecutivo busca modificar el sistema actual de designación de autoridades, eliminando esta atribución del CPCCS y trasladándola a la Asamblea Nacional mediante nuevos mecanismos que incluyan participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público.
El planteamiento contempla, además, la creación de procesos técnicos con intervención de distintos actores, como ciudadanos, académicos y representantes de las funciones del Estado, con el objetivo de evitar la concentración de poder en un solo organismo.
Control previo y garantías
En su análisis, la Corte verificó que la pregunta no induce a una respuesta específica y que mantiene una relación directa con los cambios normativos propuestos, cumpliendo así con los criterios establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.
El organismo también enfatizó que su rol en esta etapa es exclusivamente verificar la constitucionalidad del proceso, sin pronunciarse sobre la conveniencia política de la propuesta.
Con este dictamen, el proceso queda habilitado para que el Ejecutivo avance hacia la convocatoria a referéndum, donde la ciudadanía decidirá si aprueba o no la enmienda constitucional planteada.




