El presidente Daniel Noboa extendió los plazos de compensación económica para transportistas, tras la eliminación del subsidio al diésel, mediante el Decreto Ejecutivo 352 firmado este martes, 31 de marzo. La medida reforma el Decreto Ejecutivo 125 —vigente desde el 12 de septiembre de 2025— y ajusta los tiempos de entrega de los incentivos dirigidos a propietarios de transporte público intracantonal, intraprovincial e interprovincial.

Según el documento oficial , el mecanismo de compensación para el transporte intracantonal (urbano, combinado o rural) se mantendrá por ocho meses, con la posibilidad de ampliarse hasta cuatro meses adicionales previo análisis del Comité de Optimización Energética.

En el caso del transporte intraprovincial e interprovincial, el plazo se fija en siete meses, lo que representa una ampliación respecto al esquema anterior, que contemplaba seis meses.

Cambios en los plazos y pagos

El decreto también modifica las condiciones para la entrega de compensaciones pendientes. El Ministerio de Infraestructura y Transporte podrá realizar transferencias hasta 30 días después de finalizado el período de compensación, exclusivamente para beneficiarios que no hayan recibido el pago por causas ajenas a su voluntad y que consten en el registro oficial.

Esta modificación amplía el margen establecido inicialmente, que permitía pagos hasta cuatro meses después de la entrada en vigencia del decreto original.

Montos de compensación

Las transferencias económicas se mantienen conforme a lo anunciado previamente por el Ejecutivo:

• Transporte intracantonal (intercantonal): entre USD 400 y USD 700 mensuales por unidad, durante ocho meses, con posibilidad de prórroga.
• Transporte intraprovincial: USD 1.000 mensuales por unidad, por seis meses.
• Transporte interprovincial: USD 1.800 mensuales por unidad, por seis meses.

El Gobierno sostiene que este mecanismo busca mitigar el impacto de la eliminación del subsidio al diésel en el sector del transporte público, evitando incrementos en las tarifas para los usuarios y garantizando estabilidad en la prestación del servicio.

El decreto entró en vigencia desde su suscripción y sus disposiciones se aplican con efecto retroactivo desde el 12 de septiembre de 2025, fecha de emisión del decreto original.