Las publicaciones de los diarios Expreso y Extra circularon este día con sus portadas completamente en blanco, frente a lo que consideran un intento de silenciar su labor informativa.
A través de un mensaje difundido junto a esta acción, Expreso advirtió: “Así quisieran ver las noticias en EXPRESO quienes no toleran la crítica ni respetan la libertad de expresión. En blanco. En silencio. Pero eso no va a pasar”.
La inusual portada se enmarca en un contexto de tensiones alrededor del grupo editorial, en medio de medidas adoptadas por organismos de control y disputas relacionadas con su estructura societaria.
Intervención por presuntas irregularidades
El pasado mes de febrero, la Superintendencia de Compañías intervino la empresa Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), editora de los diarios Extra y Expreso, en medio de una controversia por el control del 40 % de su paquete accionario.
La medida fue notificada el 18 de febrero de 2026 mediante un oficio de carácter reservado. Según la resolución, la intervención tiene como objetivo “supervigilar la marcha económica financiera y propiciar la corrección de las irregularidades advertidas, a fin de evitar perjuicios a sus socios y/o terceros”.
El organismo sostiene que la compañía estaría “incursa en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 354 de la Ley de Compañías”, relacionada con disposiciones sobre auditorías externas y registro de accionistas.
Controversia por el 40 % de las acciones
El 29 de diciembre de 2025, la Superintendencia dispuso que se revierta el 40 % de las acciones transferidas en 2020 a favor de Íngrid Martínez Leisker, para que regresen a la empresa Veranera S.A., firma que actualmente se encuentra en proceso de liquidación.
Eduardo Carmigniani, abogado de Granasa, sostuvo públicamente que no existe una orden judicial firme que anule la transferencia realizada hace seis años, por lo que no podría revertirse sin la anuencia expresa de los involucrados.
Por su parte, Galo Martínez Leisker, presidente ejecutivo de la compañía, denunció que la medida constituiría un intento de control estatal sobre el grupo editorial.
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