Por: David Tapia, abogado y analista político
En las democracias actuales, el poder político debería ser transitorio, limitado y sometido al control ciudadano. Sin embargo, en la práctica, muchos líderes actúan como si su permanencia fuera necesaria; como si el poder no fuera una responsabilidad temporal, sino una extensión de su identidad.
A este fenómeno se lo puede entender como el miedo al anonimato: el temor de quienes ejercen el poder a dejar de ser relevantes cuando este termina.
En el Ecuador, esta historia no es nueva. Durante el gobierno de Rafael Correa, el país vivió un una fuerte concentración del poder, tensiones con la prensa y cuestionamientos sobre el equilibrio institucional. Aquella etapa dejó una lección clara: cuando el poder se concentra, la democracia se debilita.
Hoy, sin embargo, el problema no solo persiste: parece intensificarse.
En el actual gobierno de Daniel Noboa, distintos sectores han comenzado a advertir una tendencia más marcada hacia la centralización del poder. No se trata únicamente de percepciones políticas, sino de hechos que alimentan el debate público. La exclusión de organizaciones políticas como Construye y Unidad Popular del registro electoral, en pleno proceso político, abre preguntas legítimas sobre la apertura democrática en el país.
Es cierto: estas decisiones pueden tener sustento legal. No obstante, en democracia lo legal no siempre es suficiente. También importan la legitimidad, la confianza y la percepción ciudadana.
En esa misma línea, se suman cuestionamientos al rol de instituciones clave como la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado y el Consejo Nacional Electoral. ¿Estamos frente a instituciones plenamente independientes o ante un escenario donde existe una alineación funcional con el poder Ejecutivo? No hay una respuesta única; sin embargo, la duda, por sí sola, ya refleja un problema: la fragilidad de la confianza institucional.
En este contexto, incluso la mirada internacional ha comenzado a encender alertas. Un análisis de Bloomberg advierte que el llamado “Nuevo Ecuador” genera preocupaciones sobre una posible pérdida de libertades civiles, señalando tensiones con actores políticos, medios de comunicación y organismos institucionales. A ello se suma el retroceso del país en mediciones como las de Freedom House, que lo ubican como “parcialmente libre”. Estas evaluaciones externas no constituyen una verdad absoluta, pero sí refuerzan una percepción cada vez más extendida: la de un debilitamiento progresivo de la democracia y la institucionalidad.
Desde una mirada psicológica, este fenómeno no es casual. Diversos estudios han analizado lo que se conoce como el síndrome de hubris o síndrome del poder: una distorsión que puede afectar a ciertos líderes cuando alcanzan altos niveles de autoridad. Se sienten infalibles, creen tener siempre la razón y terminan desconectándose de la crítica y de la realidad.
Cuando eso ocurre, el poder deja de ser un servicio público y se convierte en una necesidad personal.
Ahora bien, sería un error pensar que el problema es únicamente de quienes gobiernan. También existe una responsabilidad ciudadana. En sociedades donde la cultura cívica es débil, la democracia se vuelve inevitablemente frágil.
Y esa cultura no empieza en la política, sino en lo cotidiano. Empieza cuando alguien decide devolver un celular que encontró en lugar de quedarse con él; cuando elige no estafar; cuando respeta las normas; cuando no lanza basura en la calle.
De igual forma, se refleja en otros espacios: en el profesional que estafa a sus clientes, en el asambleísta que no cumple con su rol dentro del Legislativo, en el estudiante que hace trampa en un examen o incluso en el vecino que, de forma intencional, arroja basura en la casa de otro. Todos esos comportamientos, aunque parezcan aislados, construyen una cultura donde lo incorrecto se normaliza.
Es ahí donde comienza el país que decimos tener.
Si no somos capaces de cambiar en lo mínimo, resulta ingenuo pensar que lograremos transformaciones profundas. No se puede exigir un Estado justo desde una sociedad que tolera la falta de ética en lo cotidiano.
El Ecuador enfrenta hoy una crisis multidimensional: inseguridad, inestabilidad política, problemas económicos y debilidad institucional. Sin embargo, ningún cambio real vendrá únicamente desde el poder.
Mientras no exista una transformación cultural con más conciencia cívica, más sentido patriótico y mayor compromiso ciudadano, será difícil construir gobiernos que realmente representen al país y que solucionen sus problemas.
Al final, la democracia no se sostiene solo con leyes, sino con ciudadanos.
El poder es pasajero por naturaleza . Pero cuando quienes lo ejercen le temen al anonimato, pueden terminar debilitando las mismas instituciones que les dieron legitimidad.
Y en ese punto, el problema deja de ser solo de un gobierno.
Pasa a ser de todos.
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