El Consejo de la Judicatura (CJ) implementará pruebas de confianza como parte del proceso de selección de jueces de garantías constitucionales, con el objetivo de fortalecer la integridad y transparencia en la Función Judicial.

La medida fue anunciada por Damián Larco, quien se desempeñó como presidente encargado del organismo, durante su rendición de cuentas presentada el 22 de abril de 2026.

Concursos en marcha y nuevos requisitos

Actualmente, el CJ lleva adelante dos concursos clave: uno para jueces de garantías constitucionales y otro para magistrados de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En el primer proceso, considerado prioritario, ya se encuentra listo un reglamento que incluye la aplicación de pruebas de confianza, las cuales serán puestas en conocimiento del pleno del organismo.

Estas evaluaciones buscan medir la integridad, honestidad y ética de los postulantes, mediante herramientas como pruebas psicométricas, entrevistas y análisis de riesgos de corrupción.

Déficit de jueces y evaluación en curso

Larco también advirtió que existe un déficit de 657 jueces a escala nacional. Actualmente, la Función Judicial cuenta con 1.785 magistrados, aunque se requieren 2.442.

En paralelo, avanza el proceso de evaluación a operadores de justicia: el de jueces de carrera presenta un 95 % de avance, mientras que el de jueces de la CNJ alcanza el 40 %.

Juristas piden criterios más amplios

Expertos en derecho coinciden en que las pruebas de confianza son un paso importante, pero insuficiente por sí solas.

El abogado Julio César Cueva cuestionó la falta de uniformidad en los concursos y advirtió que estos procesos deben incluir elementos objetivos como la probidad del postulante, su historial y su legitimidad para ejercer el cargo.

Por su parte, Paúl Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, señaló que las evaluaciones deben contemplar aspectos económicos, patrimoniales, políticos y profesionales para garantizar la idoneidad de los futuros jueces.

El CJ gestiona además el acompañamiento de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la Embajada de Estados Unidos para supervisar los concursos.

Se prevé que el proceso para designar jueces de la Corte Nacional de Justicia inicie en mayo de 2026.