La Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) anunció que ejecutará operativos de control en carreteras y peajes durante el toque de queda dispuesto por el Gobierno, en coordinación con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, como parte de las medidas de seguridad vigentes en varias provincias del país.

El despliegue se concentrará en vías de acceso interprovinciales y puntos estratégicos, con el objetivo de reforzar las restricciones de movilidad en los horarios establecidos.

Controles y coordinación interinstitucional

El comandante general del Cuerpo Vigilante de la CTE, Raúl Flores, explicó que el trabajo será articulado dentro del denominado Bloque de Seguridad, liderado por la Policía y las Fuerzas Armadas.

Advirtió que las personas que incumplan el toque de queda serán reportadas a la Policía Nacional para que se ejecuten las detenciones correspondientes.

Restricciones y sin salvoconductos

Las autoridades recordaron que la medida regirá entre el 3 y el 18 de mayo de 2026, en el horario de 23:00 a 05:00, y que no se emitirán salvoconductos para circulación durante ese periodo.

Flores enfatizó que los ciudadanos deberán permanecer en sus domicilios, salvo en casos de emergencia, los cuales deberán ser reportados a través del sistema ECU 911 para recibir asistencia.

Puntos fijos y planificación

Por su parte, el director ejecutivo de la CTE, Jorge Quintero, indicó que la institución brindará apoyo en puntos fijos previamente definidos, cuya ubicación será detallada por las entidades responsables en las próximas horas.

Señaló que el personal de tránsito estará desplegado para colaborar con los controles y garantizar el cumplimiento de las disposiciones.

Provincias bajo la medida

El toque de queda fue anunciado el 20 de abril por el presidente Daniel Noboa y se aplicará en las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

Además, la restricción incluye a los cantones La Maná, Las Naves, Echeandía y La Troncal. La decisión se adoptó tras la evaluación de los resultados obtenidos durante el último estado de excepción, en el marco de la estrategia gubernamental para enfrentar la inseguridad.