El director del partido Unidad Popular, Geovanni Atarihuana, afirmó que la organización participará en las elecciones seccionales de noviembre de 2026, al sostener que la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dispone su cancelación “no está en firme” y carece de eficacia jurídica.

Según explicó, el organismo electoral no resolvió dentro del plazo legal el recurso de revocatoria presentado por el movimiento, lo que —a su criterio— invalida la decisión adoptada el pasado 26 de abril. “Tenemos el pleno derecho de estar en el registro de organizaciones políticas habilitadas y participar en las elecciones”, señaló.

Participación en comicios y cuestionamientos al CNE

Atarihuana aseguró que las listas del movimiento intervendrán en los comicios para concejales, alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales, y exigió al CNE respetar los derechos de participación política.

Además, denunció supuestas irregularidades en el tratamiento del caso y acusó a la presidenta del organismo, Diana Atamaint, de insistir en la cancelación sin respaldo mayoritario dentro del pleno.

También rechazó declaraciones del consejero José Merino, a las que calificó como ataques y muestras de una presunta persecución política.

Proceso inconcluso y tensiones en el pleno

Este fin de semana, el CNE analizó una solicitud de “corrección” presentada por Unidad Popular para dejar sin efecto la resolución que cancelaba su personería jurídica, así como la del movimiento Construye, por presunto incumplimiento del número mínimo de afiliados.

Durante la sesión, Atamaint y Merino votaron a favor de ratificar la cancelación, mientras que la consejera Elena Nájera se opuso y el consejero José Cabrera se abstuvo.

La jornada evidenció tensiones internas, con cruces de acusaciones entre los consejeros. Finalmente, la resolución no fue oficializada y la sesión fue suspendida, dejando el proceso sin una decisión definitiva.

Recurso busca habilitación para elecciones de 2026

El recurso presentado por Unidad Popular busca revertir la cancelación y garantizar su participación en las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana previstas para noviembre de 2026.

Desde la organización indicaron que esperan la notificación formal del CNE para definir las acciones legales a seguir, tanto en el ámbito nacional como internacional.