El presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, Fernando Cabascango, reafirmó que dentro del proceso de investigación sobre los conocidos Pandora Papers, la mesa logró recabar actas de transferencias de empresas offshore en Panamá que tienen vínculos con el presidente Guillermo Lasso. Así, explicó que verificaron la existencia de la creación jurídica de estas empresas en Panamá y pagos de impuestos generados.
Ante ese escenario, el legislador explicó que la mesa solicitó, como recomendación, que se pida la comparecencia del presidente ante el pleno del Parlamento para que brinde información y, de esa manera, continuar con la investigación. Sin embargo, resaltó que la investigación no concluye en el pleno del Legislativo. Por el contrario reconoció que deberán actuar los órganos competentes como la Fiscalía General del Estado y la Contraloría General del Estado.
La propuesta
“Hay documentos o respaldos que se ha generado desde esta investigación y que tiene algunas recomendaciones apegadas a la legítima defensa que tiene el presidente Lasso”, resaltó Cabascango.
Sobre la calificación de conmoción interna, el asambleísta recordó “que el mismo presidente, para emitir el decreto de estado de excepción, habla de una conmoción social interna”. Además, rememoró que en la sesión del 7 de octubre, el pleno de la Asamblea Nacional pidió que la investigación inicie debido a una grave comisión interna. “La reacción de los ecuatorianos sí es una conmoción interna”, reiteró el legislador.
Sobre las comparecencias, Cabascango criticó que ninguna institución pública brindó información suficiente. Así, citó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); al Servicio de Rentas Internas (SRI); la Contraloría General del Estado (CGE), entre otras. Además, mencionó que, si bien el proceso inició recientemente, las instituciones públicas tienen la obligación de entregar información.
En esa misma línea, lamentó que el presidente no entregase la información requerida y no comparezca a la Comisión a pesar de ser funcionario público.