ECONOMÍA PORTADA

Municipio de Quito y transportistas se concentran en el servicio

Las autoridades capitalinas y el gremio del transporte iniciaron negociaciones este 13 de mayo de 2026. El encuentro busca establecer un nuevo modelo de gestión y evaluar la calidad del servicio actual.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, lideró la primera mesa de negociación con el gremio de los transportistas en el centro de la ciudad. La reunión inició pasadas las 09:30 con el objetivo de tratar el posible incremento del pasaje.

Acompañaron al burgomaestre el secretario de Movilidad, Álex Pérez, y el presidente de la Comisión de Movilidad, Diego Garrido. Por su parte, la delegación de transportistas incluyó a ocho representantes dirigidos por Jorge Yánez.

Tres ejes fundamentales para la negociación

Las partes acordaron trabajar bajo tres pilares estratégicos durante los próximos encuentros. Estos ejes incluyen la participación ciudadana, la gobernanza del sistema y los estándares de calidad del servicio.

Tanto el Municipio como los transportistas calificaron la calidad del servicio como el punto más relevante de la agenda. Según las autoridades, las mejoras en este ámbito son condiciones previas para cualquier debate tarifario.

Álex Pérez adelantó que planifican realizar entre cuatro y cinco reuniones adicionales. En estas sesiones definirán el modelo de gestión definitivo que regirá al transporte público de la capital.

Tensiones tras la paralización del servicio

Esta mesa de diálogo ocurre ocho días después del caos vial registrado el pasado 5 de mayo. En esa fecha, una suspensión parcial del servicio de buses afectó la movilidad de miles de ciudadanos.

Los transportistas exigen elevar el pasaje de USD 0,35 a USD 0,65 por considerarla la “tarifa técnica” adecuada. No obstante, el alcalde Muñoz rechazó esta cifra para proteger la economía de la mayoría de los quiteños.

El secretario de Movilidad enfatizó que el servicio actual de los 3.000 buses operativos no justifica un aumento. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si existe un consenso que equilibre los costos y el beneficio ciudadano.

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