El organismo liderado por José Julio Neira desmintió la supuesta falta de contestación al exgerente Byron Orozco en 2024. La entidad aclaró que carecía de competencias legales para actuar como veedora en la contratación de energía emergente.
La Secretaría General de Integridad Pública afirmó este jueves, 21 de mayo de 2026, que sí contestó una solicitud formal sobre el fallido proceso contractual con la empresa Progen. El titular de la entidad, José Julio Neira, coordinó el pronunciamiento oficial tras la difusión de un reportaje periodístico del canal Ecuavisa.
El informe de prensa reveló una carta enviada por el exgerente de Termopichincha, Byron Orozco, el pasado 27 de junio de 2024. En dicha misiva, el exfuncionario solicitaba la designación urgente de un veedor institucional para la fase de apertura y calificación de ofertas del concurso.
La respuesta institucional y los límites de competencia
La Secretaría de Integridad Pública publicó un comunicado en redes sociales para contradecir la versión de Orozco sobre un supuesto silencio administrativo. La institución remitió un oficio oficial de respuesta el 2 de julio de 2024, apenas cinco días después de recibir el pedido original.
El documento aclaró con precisión que la Secretaría carecía de facultades legales para intervenir como veedora en procedimientos de contratación pública. Sus atribuciones jurídicas de ese periodo se limitaban exclusivamente a la articulación, apoyo y monitoreo de políticas públicas de integridad estatal.
Nuevos documentos en la trama del caso Apagón
La controversia coincide con la aparición de nuevos documentos notarizados que la firma estadounidense Progen presentó durante el concurso de selección de 2024. Estos papeles corresponden a las adjudicaciones de emergencia tramitadas en medio de la crisis eléctrica y los racionamientos de energía.
La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga estas operaciones bajo el nombre de caso Apagón. La institución judicial busca determinar la existencia de una presunta trama de peculado en los contratos asignados para las centrales térmicas de Salitral y Quevedo.
Millonario perjuicio y exautoridades investigadas
Las investigaciones del Ministerio Público señalan que el Estado ecuatoriano transfirió más de 104 millones de dólares a la compañía norteamericana Progen. Las autoridades judiciales indagan actualmente a 21 personas presuntamente implicadas en las fases precontractual y contractual del concurso.
La lista de los investigados por la Fiscalía incluye al exministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves. Asimismo, los agentes fiscales procesan al exgerente de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec), Fabián Calero, para esclarecer las responsabilidades económicas del perjuicio energético.
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