Un juez ordenó este viernes, 22 de mayo, prisión preventiva contra el exministro de Energía, Antonio Gonçalves, y el exgerente de Celec y exviceministro de Energía, Fabián Calero, dentro del denominado caso Apagón, en el que la Fiscalía General del Estado investiga un presunto delito de peculado relacionado con contratos emergentes de generación eléctrica.
La audiencia de formulación de cargos se reinstaló esta mañana en la Corte Nacional de Justicia, luego de que Fiscalía solicitara medidas cautelares contra 21 procesados, acusados como presuntos autores y coautores del delito.
Durante la diligencia, el magistrado ratificó su competencia para conocer la causa y aseguró que se ha garantizado el derecho a la defensa de todos los implicados.
La investigación se centra en presuntas irregularidades en la contratación de proyectos de generación eléctrica de emergencia en las centrales térmicas de Salitral y Quevedo, adjudicados a la empresa estadounidense Progen Industries LLC durante la crisis energética de 2024.
Según el expediente fiscal, el Estado ecuatoriano habría desembolsado más de USD 104,3 millones para estos proyectos, pese a que los equipos contratados nunca entraron en funcionamiento.
La Fiscalía sostiene que los contratos se adjudicaron presuntamente omitiendo procedimientos de contratación pública y pese a supuestos incumplimientos técnicos, económicos y jurídicos. Además, se habría entregado un anticipo equivalente al 70 % del valor total de los contratos.
El juez Rodríguez argumentó que existen elementos suficientes para presumir la participación de Goncalves en el presunto delito de peculado y señaló que hay riesgo de obstaculización de la investigación y peligro de fuga debido a su “alta relevancia pública”.
Con argumentos similares, también dispuso prisión preventiva contra Fabián Calero, al considerar que, por haber ocupado altos cargos en la Corporación Eléctrica del Ecuador, podría interferir en el desarrollo de la investigación.
En este caso también son procesados exfuncionarios del sector eléctrico y representantes de la empresa Progen. Entre ellos figura Andrew Williamson Scott, propietario de la compañía en Estados Unidos, y Karla Saud Calero, representante de la firma en Ecuador, señalados como presuntos coautores del delito.
El delito de peculado, tipificado en el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), contempla penas privativas de libertad de entre 10 y 13 años.
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