El presidente de Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional el pedido para denunciar el Tratado Constitutivo del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), mecanismo financiero regional que ha estado envuelto en controversias por su presunto uso irregular en operaciones vinculadas al empresario colombiano Álex Saab.
La solicitud fue remitida el pasado 21 de mayo al titular del Legislativo, Niels Olsen, con el objetivo de retirar formalmente a Ecuador de este sistema creado en el marco de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).
El SUCRE fue suscrito en octubre de 2009, en Cochabamba, Bolivia, durante un encuentro de mandatarios afines al denominado socialismo del siglo XXI. Entre sus impulsores estuvieron los entonces presidentes Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega y Hugo Chávez.
El sistema SUCRE y las denuncias de irregularidades
El mecanismo fue diseñado originalmente como una alternativa regional al dólar para facilitar intercambios comerciales entre países del ALBA. Sin embargo, años después empezó a ser cuestionado por presuntas operaciones ficticias y lavado de activos.
Uno de los casos más conocidos es el del empresario colombiano Álex Saab, señalado por autoridades estadounidenses como presunto operador financiero del chavismo.
Según denuncias ventiladas en Ecuador y otros países, Saab habría utilizado el sistema SUCRE para ejecutar supuestas operaciones simuladas de exportación de materiales de construcción mediante la empresa Foglocons.
El empresario enfrenta procesos judiciales en Estados Unidos por lavado de activos y corrupción. El pasado 16 de mayo fue deportado desde Venezuela hacia territorio estadounidense para continuar con el proceso judicial.
La Corte Constitucional ya dio paso al trámite
La intención de retirar a Ecuador del sistema SUCRE comenzó durante el gobierno de Guillermo Lasso. En 2022, la Cancillería remitió el expediente correspondiente a la Secretaría Jurídica de la Presidencia para iniciar el procedimiento constitucional.
Posteriormente, la Corte Constitucional resolvió que la denuncia del tratado requería aprobación previa de la Asamblea Nacional, debido a que el instrumento internacional había sido aprobado originalmente por el Legislativo.
Además, el máximo organismo constitucional determinó que la denuncia del tratado era compatible con la Constitución. Pese a ello, el gobierno de Lasso no impulsó finalmente el trámite legislativo por falta de apoyos políticos suficientes en la Asamblea.
ADN sí tendría los votos para aprobar la denuncia
Actualmente, el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) sí contaría con los votos necesarios para avanzar con la denuncia del tratado junto con sus aliados legislativos.
Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el pedido deberá pasar primero por una comisión especializada que tendrá un plazo de hasta 20 días para emitir un informe antes del debate en el pleno. La denuncia del tratado requerirá al menos 77 votos favorables, equivalentes a la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional.
Durante su Informe a la Nación del pasado 24 de mayo, Daniel Noboa aseguró que el sistema SUCRE representa “cómo se manipuló el sistema financiero y las instituciones para beneficiar a grupos cercanos al poder, mientras millones de ecuatorianos pagaban las consecuencias”.
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