Familiares de las víctimas reportan persecuciones, torturas con descargas eléctricas y uso desproporcionado de armas de fuego. Los procesos judiciales avanzan entre la impunidad y el temor a represalias.
Una serie de operativos ejecutados por miembros de las Fuerzas Armadas sembró la alarma en varias localidades costeras de Ecuador. Cuatro investigaciones distintas exponen denuncias sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y abusos físicos graves perpetrados por personal militar.
Las familias de las víctimas exigen transparencia y celeridad a los órganos de justicia del Estado. Los expedientes fiscales agrupan testimonios que contradicen las versiones oficiales emitidas por las patrullas implicadas en las incursiones.
El caso de Rogger Pincay y la persecución fatal en Crucita
Rogger Pincay Macías, de 22 años, falleció la madrugada del 18 de mayo de 2026 tras recibir dos impactos de bala en el tórax. El suceso ocurrió a las 03:00 en el sector La Boca, durante las últimas horas del toque de queda decretado en Manabí.
El joven viajaba en un auto vino junto a cinco amigos cuando se encontraron con dos camionetas de los contingentes militares. Los jóvenes se asustaron e intentaron evadir la detención por el temor a infringir la restricción de movilidad vigente.
Los uniformados persiguieron el automotor y abrieron fuego con fusiles sin realizar advertencias previas de detención, según relataron los sobrevivientes a la prensa. El conductor detuvo la marcha tras los disparos, momento en que los uniformados constataron el deceso y abandonaron el sitio.
La Policía Nacional localizó 15 restos de proyectiles calibre 5.56 en la escena del crimen y constató seis perforaciones en el chasis del auto. La Fiscalía General del Estado procesó a siete militares por el delito de extralimitación en acto de servicio.
Un juez de Manta dictó medidas sustitutivas para los procesados, ordenando su presentación periódica ante las autoridades y la prohibición de salir del país. El Comité Permanente de Derechos Humanos asumirá formalmente la representación jurídica de los parientes de Pincay.
Irrupción letal en una comunidad de Esmeraldas
Dos días después, el 21 de mayo de 2026, la violencia estatal cobró otra vida en la parroquia San Francisco de Onzole, Esmeraldas. José Andrés Corozo Caicedo, de 46 años, murió por el impacto de una bala en medio de una incursión militar.
La víctima se desempeñaba como transportista fluvial de materiales de construcción en el cantón Eloy Alfaro. Los habitantes del poblado señalaron que los soldados desembarcaron de forma violenta y dispararon ráfagas de armas de fuego en el sector.
Los militares neutralizaron a los acompañantes de Corozo y los obligaron a colocarse boca abajo sobre el piso de tierra. Los familiares denunciaron que los uniformados impidieron la asistencia médica de la esposa de la víctima, quien sufría problemas de hipertensión.
Los uniformados abandonaron el cuerpo ensangrentado en el sitio tras intentar subirlo inicialmente a un vehículo de la patrulla estatal. La Fiscalía General del Estado receptó la denuncia penal correspondiente, aunque todavía no identifica a los sospechosos del disparo fatal.
Tortura con cables eléctricos en Milagro y Santa Elena
Los abusos de los uniformados abarcan también el uso de descargas eléctricas como método ilegal de castigo físico durante los patrullajes. En el cantón Milagro, la justicia fijó para junio la reconstrucción de los hechos por el homicidio de Bryan Ledesma, de 28 años.
El incidente ocurrió el 16 de marzo de 2026, cuando soldados interceptaron a Ledesma y a un acompañante tras una corta persecución a pie. Los uniformados golpearon al joven y lo lanzaron a un charco de agua, donde le aplicaron choques eléctricos con un cable suelto.
Los médicos de una casa de salud local ratificaron que el cuerpo de Ledesma ingresó mojado y con hematomas visibles. Siete soldados enfrentan cargos por este crimen, pero los tribunales dictaron la prisión preventiva únicamente para dos de los implicados.
Una modalidad de agresión similar cobró la vida de otro joven de 19 años en el cantón La Libertad, Santa Elena, en diciembre de 2025. Seis miembros del Ejército irrumpieron en una vivienda de caña para investigar un presunto caso de venta de sustancias prohibidas.
Uno de los uniformados arrancó un conductor eléctrico del techo y aplicó energía sobre el pecho del sospechoso hasta causarle la muerte. Aunque el juez ordenó inicialmente la prisión preventiva general, dos de los acusados salieron libres bajo medidas cautelares alternativas.
La defensa del procesado en Santa Elena espera que los tribunales señalen el día para la audiencia preparatoria de juicio. El fiscal de la causa ingresó formalmente la solicitud de fecha desde febrero de 2026, sin obtener respuestas del sistema judicial.
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