Un operativo ejecutado la madrugada de este jueves, 28 de mayo, permitió desarticular una presunta estructura de delincuencia organizada dedicada a extorsiones a nivel nacional y que operaba desde la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas.
La intervención fue liderada por la Fiscalía General del Estado en coordinación con la Policía Nacional, en el marco de una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de extorsión.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que la red criminal coordinaba sus actividades desde el interior del centro penitenciario y que las investigaciones se desarrollaron durante aproximadamente un año.
“Con esto cerramos un ciclo de unas 200 denuncias a nivel nacional de este grupo que operaba a nivel nacional y con una afectación de más de USD 100.000”, señaló el ministro durante una rueda de prensa en Guayaquil, tras el operativo Apolo 19.
El operativo dejó siete detenidos, entre ellos cuatro personas privadas de libertad (PPL) que, según las autoridades, planificaban y coordinaban las extorsiones desde la cárcel. Tres de los reos involucrados serían mujeres.
Además, otras tres personas fueron capturadas durante allanamientos ejecutados en varios inmuebles de Santo Domingo de los Tsáchilas.
La Fiscalía informó que en las próximas horas formulará cargos contra los aprehendidos con base en los elementos de convicción recabados durante las diligencias investigativas.
“Fiscalía, en coordinación con la Policía, lideró un operativo en la cárcel y varios inmuebles de la provincia”, indicó la institución a través de sus canales oficiales.
Las acciones fueron ejecutadas por equipos especializados de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase), que investigaban el funcionamiento de esta presunta organización criminal dedicada a exigir dinero a comerciantes y ciudadanos mediante amenazas.
Las autoridades recordaron que no es la primera vez que redes extorsivas son detectadas operando desde cárceles del país. En abril pasado, la Policía desmanteló otra estructura que funcionaba desde la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
Según investigaciones policiales, organizaciones vinculadas al crimen organizado financian parte de sus operaciones mediante delitos como extorsión y secuestro extorsivo, afectando principalmente a comerciantes y propietarios de negocios en Ecuador.
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