El organismo internacional solicitó una investigación exhaustiva sobre la muerte de la activista polaca en Montañita y pidió considerar su labor de veeduría ciudadana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado ecuatoriano realizar una investigación rápida, exhaustiva e imparcial sobre la muerte de la activista polaca Monika Silva Koniuszek, hallada sin vida el pasado 8 de junio en su vivienda de Montañita, provincia de Santa Elena.
A través de un pronunciamiento difundido este 12 de junio, el organismo expresó su preocupación por el caso y pidió que las autoridades consideren todas las líneas de investigación, incluida una posible relación entre el fallecimiento y las actividades de defensa de derechos humanos que desarrollaba la ciudadana polaca.
“La Comisión insta al Estado a llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva e imparcial que permita esclarecer las circunstancias de su muerte”, señaló la CIDH.
Además, el organismo pidió incluir entre las hipótesis de investigación una posible vinculación con las denuncias de corrupción y las labores de veeduría ciudadana que impulsaba la activista.
Fiscalía mantiene diligencias abiertas
La Fiscalía General del Estado informó que la investigación continúa en curso para determinar las circunstancias del fallecimiento. Como parte de las diligencias, la institución solicitó cooperación internacional para incorporar peritos especializados que contribuyan al esclarecimiento del caso.
Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, exhortó a que las investigaciones se desarrollen con mayor celeridad, rigurosidad y transparencia.
El caso también generó reacciones de la Delegación de la Unión Europea en Ecuador y de la Embajada de Polonia concurrente para Ecuador, cuyos representantes solicitaron que se esclarezcan los hechos.
Denuncias de corrupción y veeduría ciudadana
Monika Silva Koniuszek, de 41 años, presidía la fundación La Integridad y lideraba varias iniciativas comunitarias en Santa Elena. Además, participó como veedora ciudadana en distintos procesos de fiscalización y realizó denuncias públicas relacionadas con presuntos actos de corrupción.
Entre los temas que expuso constan posibles casos de tráfico de tierras, lavado de activos, nepotismo y presuntas irregularidades en instituciones públicas.
También presentó observaciones sobre la venta de terrenos en el sector de Capaes, procesos relacionados con tierras en La Libertad y posibles casos de tráfico de influencias.
Hallazgo y primeras investigaciones
La Policía Nacional encontró el cuerpo de la activista el lunes 8 de junio tras recibir alertas de moradores del sector. Según información preliminar, los agentes levantaron como indicios una cuerda, un cuchillo y un teléfono celular. Además, el informe policial señala que el cuerpo presentaba una marca a la altura del cuello.
Durante las primeras diligencias, la pareja de la víctima manifestó que había mantenido contacto con ella horas antes del hallazgo. También indicó que atravesaba problemas legales, económicos y que había recibido presuntas amenazas.
Las autoridades continúan recopilando evidencias y testimonios para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la activista.
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