La medida regirá durante 60 días en 10 provincias y tres cantones del país.

El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción por grave conmoción interna en 10 provincias y tres cantones del país. La medida tendrá una vigencia de 60 días y, según el mandatario, forma parte de la estrategia gubernamental para enfrentar la violencia y las estructuras criminales.

La decisión quedó oficializada mediante el Decreto Ejecutivo 423, suscrito por el jefe de Estado este 16 de junio de 2026.

Medida apunta al combate del crimen organizado

Según el decreto, la medida busca “precautelar la protección interna, el restablecimiento, mantenimiento y control del orden público y seguridad ciudadana” frente al avance de organizaciones delictivas vinculadas al narcotráfico, tráfico de armas y otros delitos de alto impacto.

El estado de excepción permitirá al Gobierno adoptar medidas extraordinarias relacionadas con las operaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en los territorios considerados de mayor riesgo.

Provincias incluidas en el decreto

La medida se aplicará en las siguientes provincias:

• Guayas
• Manabí
• Santa Elena
• Los Ríos
• El Oro
• Pichincha
• Esmeraldas
• Santo Domingo de los Tsáchilas
• Sucumbíos
• Azuay

Cantones bajo estado de excepción

Además, el decreto incorpora a tres cantones específicos:

• La Maná (Cotopaxi)
• Las Naves (Bolívar)
• La Troncal (Cañar)

Se suspenden dos derechos constitucionales

Durante la vigencia del estado de excepción se suspenden los derechos a la inviolabilidad de domicilio y a la inviolabilidad de correspondencia en las jurisdicciones incluidas en la declaratoria.

Esto permitirá que policías y militares ejecuten allanamientos y otras intervenciones relacionadas con investigaciones y operativos de seguridad contemplados dentro del decreto presidencial.

A diferencia de anteriores declaratorias, esta medida no contempla toque de queda ni restricciones a la movilidad de los ciudadanos.

El documento también autoriza la requisición temporal de bienes y servicios de origen ilícito que sean considerados estrictamente necesarios para garantizar la continuidad de las operaciones de las fuerzas de seguridad.

Gobierno argumenta incremento de la violencia

La decisión se sustenta en informes reservados elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia entre el 1 de mayo y el 12 de junio de 2026, en los que se advierte sobre el incremento de hechos violentos y la presencia de grupos criminales en varias zonas del país.

Entre los hechos citados por el Gobierno figura el asesinato de la fiscal de Manta, Alexandra Bravo, además de otros episodios violentos registrados durante las últimas semanas.

El decreto también incluye una evaluación de riesgo de los cantones afectados, tomando en cuenta factores relacionados con rutas utilizadas para el narcotráfico, tráfico de armas, municiones, explosivos y otros delitos asociados al crimen organizado.

La nueva declaratoria se produce apenas dos semanas después de que concluyera el anterior estado de excepción, que estuvo vigente hasta el 31 de mayo y abarcó nueve provincias del país.