Darío Macas, su esposa y otra persona fueron detenidos en un operativo; la Fiscalía investiga un presunto incremento patrimonial injustificado de cerca de USD 6 millones.
El alcalde de Machala, Darío Macas, fue detenido este lunes, 6 de julio, durante un operativo ejecutado por la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado, dentro de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó la captura a través de sus redes sociales y señaló que, además del alcalde, otras dos personas fueron detenidas. Posteriormente, la Fiscalía precisó que entre los aprehendidos se encuentra la esposa de Macas.
Según el Ministerio Público, la investigación se inició en junio de 2026 por la Fiscalía Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas y apunta a un presunto incremento patrimonial injustificado de aproximadamente USD 6 millones entre 2019 y 2025.
El ministro Reimberg indicó que un informe de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) fue determinante para el caso. De acuerdo con el funcionario, la investigación detectó un incremento patrimonial a través de empresas familiares, varias de ellas presuntamente de papel, además de irregularidades vinculadas con dependencias del Municipio de Machala.
Allanamientos y proceso
Los allanamientos se realizaron en la vivienda del alcalde y en otros inmuebles relacionados con la investigación, donde las autoridades recabaron documentación y otros indicios.
La detención sorprendió al Municipio de Machala, mientras continúan las diligencias judiciales para determinar la responsabilidad de los involucrados.
Aspiraba a la Prefectura de El Oro
Darío Macas, ingeniero civil, gobierna Machala desde 2019 y fue reelegido en 2023 con una alianza integrada por el movimiento PLAN y Revolución Ciudadana. Semanas atrás había sido anunciado como precandidato a la Prefectura de El Oro para las próximas elecciones seccionales.
Con esta detención, Macas se convierte en el quinto alcalde del país investigado y privado de libertad en procesos relacionados con presuntos delitos de corrupción desde agosto de 2025.
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