Este miércoles se desarrolla el debate en el Pleno de la Asamblea Nacional sobre la crisis carcelaria que vive el país, con base en un informe de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral.
El informe contiene información sobre la actuación de los funcionarios públicos de las distintas funciones del Estado para prevenir y resolver la crisis carcelaria. El informe contiene 52 conclusiones y 72 recomendaciones sobre la situación carcelaria.
En declaraciones a los medios, el presidente de la comisión, Ramio Narváez, indicó que los pabellones de la Penitenciaría del Litoral ya estaban en manos de los privados de la libertad desde el 2015.
El pleno de la Asamblea se instaló a las 10:35, pero luego de tramitar dos pedidos de cambio del orden del día se declaró en comisión general para recibir a Viviana Hidrobo, representante de la alianza de organizaciones por los derechos humanos del Ecuador, quien participó como veedora en la investigación.
Según recoge Diario El Universo, Narváez reveló que horas antes de la aprobación de este informe en la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral recibió solicitudes de que se borre del informe todo lo que estaba desde el 2017 hacia atrás, y que ese pedido fue realizado por los asambleístas que representan al bloque Unión por la Esperanza (UNES), que presentaron un informe de minoría.
Narváez dijo que el pedido era que no se mencione lo que sucedió en las cárceles antes del 2017, que el análisis era supuestamente desde el 2017 hacia adelante.
Una de las conclusiones del informe señala que el Estado, desde el año 2015, ha venido perdiendo progresivamente el control y la soberanía dentro de los centros de privación de libertad regionales. Actualmente se advierte que el Estado tiene relativo control en los centros de privación de libertad provinciales.
